Informa:
Que, en lo que va del año 2022, tres trabajadores de empresas de seguridad privada han muerto a causa del uso o manipulación de armas de fuego sin la debida y prudente formación y entrenamiento profesional. En un caso documentado la víctima fue un trabajador menor de edad.
Expresa:
Que estos hechos trágicos son consecuencia de la regulación laxa de las empresas por parte de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Gobernación. Por ejemplo, en la contratación de personas menores de edad y en el cumplimiento de perfiles sobre aptitudes, capacitaciones, supervisiones internas y certificaciones de salud mental.
Que, además, no existe un registro fiable de los elementos y hojas de vida de quienes son contratados por las empresas de servicios de seguridad debido, en parte, a que se eluden las normas laborales de salarios mínimos y cobertura de seguridad social.
Que las personas, vecinos y comunidades que contratan estos servicios de seguridad quedan potencialmente vulneradas en sus derechos.
Recomienda:
A las autoridades del Ministerio de Gobernación, a través de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, supervisar y regular estrictamente a las empresas a fin de que se ajusten a las normas y procedimientos legales para la prestación de sus servicios, garantizando el cumplimiento de los estándares de contratación de personal profesional y seguridad de los usuarios.
A las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Inspección General de Trabajo, corroborar que las empresas que prestan servicios de seguridad cumplen todas las normas establecidas en el Código de Trabajo.
Guatemala, 7 de febrero de 2022.