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142/21 En el Día Internacional de la Juventud, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, recuerda la deuda social con las juventudes, las brechas en salud, educación y empleo que ha profundizado la emergencia sanitaria y recomienda a las autoridades pertinentes adoptar políticas ingentes para atender a estas poblaciones

Recuerda:

Que el 17 diciembre de 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, con el propósito de llamar la atención de la comunidad internacional sobre los problemas de la juventud y para ayudar a desarrollar su potencial, además de la necesidad urgente de involucrarlos en la promoción de la paz y la lucha contra el extremismo.

Que es deber del Estado respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos de las juventudes, que incluye no interferir en su disfrute y adoptar medidas que garanticen el desarrollo de su potencial, acceso a la salud, educación, vivienda, trabajo decente, el goce de un ambiente sano, recreación, cultura, arte y deporte en condiciones de igualdad y sin

discriminación.

Que hace un año la Institución del Procurador de los Derechos Humanos recomendó al Presidente de la República "evaluar y reformular la Política Nacional de la Juventud, considerando su armonización con otras políticas, leyes, convenios y tratados internacionales en materia de derechos de la juventud".

Expresa:

Que la actual composición demográfica de Guatemala abre una potencial ventana de oportunidad (o bono demográfico) para estimular el desarrollo económico y mejorar las condiciones de vida de la población. Sin embargo, no se están creando las condiciones favorables para absorber la creciente fuerza de trabajo de personas jóvenes, ni se están llevando a cabo las inversiones estratégicas en educación, salud y empleo; tampoco se han

emprendido políticas de inclusión -en particular, para incrementar la participación de las mujeres en el mercado laboral- para aprovechar este potencial.

Que las juventudes, comprendidas entre los 13 y 30 años, representan más de la tercera parte de la población total, y el 44% se identifican como pertenecientes a pueblos indígenas. A pesar de que la juventud es una etapa de formación, el 20% de los hogares está a cargo de población juvenil, siendo 19 años el promedio de edad del primer hijo; el 21% de madres son adolescentes (15-19 años). No obstante, el 90% de las personas jóvenes están excluidas de los servicios de salud. El acceso a la educación sigue siendo una deuda: 1 de cada 20 jóvenes (13-24 años) y 1 de cada 10 (25-30 años) no sabe leer ni escribir; 4 de cada 10 (13-15 años) no han concluido la primaria, 4 de cada 10 (16-24 años) y 5 de cada 10 (25-30 años) han alcanzado la primaria o menos. El promedio de escolaridad es de apenas 7 años.

Que, por otro lado, las condiciones laborales también les son adversas: 1 de cada 20 jóvenes que buscan empleo están desocupados, y 1 de cada 10 son subempleados; 3 de cada 4 trabajan sin el respaldo de un contrato y no reciben el pago de prestaciones; 1 de cada 15 (13-17 años) son empleadas domésticas y 7 de cada 10 no asisten a la escuela, solo trabajan; 3 de cada 10 (13-30 años) no trabajan ni estudian. El bono demográfico se está perdiendo por las migraciones: 7 de cada 10 hogares tiene al menos uno de sus integrantes jóvenes fuera del país, el promedio anual de jóvenes migrantes se ha más que triplicado en lo que va de este siglo y representan 7 de cada 10 migrantes. Las tasas de homicidios y hurtos tienen mayor incidencia en la población joven, y la violencia en el ámbito privado en mujeres jóvenes (9 de cada 10). Todas estas condiciones han empeorado durante el periodo de pandemia por el Covid-19.

Recomienda:

Al Presidente de la República,

● Impulsar políticas que permitan el acceso de las personas jóvenes a los servicios de salud, incluyendo educación integral en sexualidad, salud mental, prevención de suicidios y adicciones. Promover la coordinación interinstitucional para reformular la Política Nacional de Empleo Digno, incluyendo respuestas efectivas para la promoción de fuentes de trabajo digno y acceso a formación técnica de las juventudes.

● Fortalecer los Planes de Acción Interinstitucionales para el cumplimiento de la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Estrategia para la Juventud Rural y Plan Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación Física. Cumplir con la universalidad de

la vacuna contra el Covid-19 establecida en el Decreto 01-2021.

Al Vicepresidente de la República,

● Como coordinador del Gabinete Específico de Desarrollo Social, fortalecer técnicamente la mesa de adolescencia y juventud. Priorizar el acompañamiento a CONJUVE en el proceso de aprobación de la Política Nacional de la Juventud así como de su Plan de Acción Interinstitucional. Continuar con la implementación de las acciones previstas en la mesa PLANEA. Promover el desarrollo de diagnósticos/investigación sobre el impacto de la pandemia en el acceso a educación, trabajo y su relación con la migración juvenil, para el diseño urgente de programas que atiendan estas áreas.

Al Consejo Nacional de la Juventud,

● Acelerar el proceso de aprobación de la Política Nacional de la Juventud 2021-2032, realizando los ajustes necesarios en torno a la inclusión de los enfoques de derechos humanos, género, multi e interculturalidad, así como su armonización con otras políticas públicas, resaltando con claridad las acciones que den respuesta a aquellos factores que tienen mayor incidencia en la vida de las juventudes con mayor grado de vulnerabilidad (por edad, sexo, grupo étnico, discapacidad, orientación sexual y lugar de residencia, entre otros).

● Acelerar el proceso de diseño y aprobación del Plan de Acción Interinstitucional: Incorporar una línea de acción orientada al fortalecimiento institucional del ente rector de juventud, incluyendo los mecanismos de coordinación interinstitucional con entidades de la

administración central y con los gobiernos municipales. Focalizar la inversión pública en las zonas de mayor concentración de las juventudes en condiciones de pobreza. Proyectar el aumento sostenido de la inversión en las juventudes, así como mecanismos de rendición de cuentas (incluyendo un sistema de indicadores, monitoreo y evaluación vinculado al Clasificador Temático de Juventud). Diseñar un sistema de información juvenil que permita mejorar los mecanismos de registro de información estadística para la producción de datos

oficiales confiables y periódicos, programando como punto de partida el desarrollo de la Segunda Encuesta Nacional de Juventud en el marco de la próxima Encuesta Nacional de Condiciones de Vida.

Al Congreso de la República,

● Ratificar la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Continuar con el impulso de normas tendientes al pleno reconocimiento de los derechos humanos de las juventudes, así como de fortalecimiento de la institucionalidad responsable de su implementación. En el marco del proceso de aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el 2022, revisar y aumentar las partidas de los programas dirigidos a jóvenes, para mitigar impactos adversos del Covid-19 en su desarrollo integral.

Guatemala, 12 de agosto de 2021. 

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