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13/22 En el Día Internacional de la Educación y Día Nacional de la Escuela, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, recuerda que la educación es un derecho humano, un bien público y una responsabilidad colectiva, a la vez que manifiesta su preocupación porque la población escolar excluida del sistema a causa de la pandemia por COVID-19 aumentará casi en un 11%

Recuerda:

Que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de enero Día Internacional de la Educación, en celebración del papel que la educación desempeña en la paz y el desarrollo de la humanidad. La educación es un derecho humano, un bien público y una responsabilidad colectiva. Sin una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos y de oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, los países no lograrán alcanzar la igualdad de género ni romper el ciclo de pobreza que deja rezagados a millones de niños, jóvenes y adultos.

Que la Constitución Política de la República, la Ley de Educación Nacional y la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, establecen que un fin primordial de la educación es el desarrollo integral de la persona humana.

Que el Estado debe garantizar la gratuidad y obligatoriedad de la escuela, así como su carácter laico. Debe además velar por la promoción y difusión de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA) y que las instituciones públicas o privadas protejan a aquellos cuyos derechos han sido violentados o amenazados, y velen porque les sean restituidos.

Que la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Estado, establece la atención del interés superior del niño. En el cumplimiento del derecho del niño a la educación se deberán adoptar cuantas medidas sean adecuadas para velar porque la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad del niño.

Expresa:

Que como medida de contención de la pandemia por COVID-19, el gobierno de la República suspendió las clases presenciales a partir del 16 de marzo de 2020, lo cual impactó a casi 4 millones de NNA, especialmente a quienes viven en condiciones de precariedad económica, sin acceso a tecnología digital y alejados de los centros urbanos. El Banco Interamericano de Desarrollo estima que la población escolar excluida del sistema a causa de la emergencia sanitaria aumentará casi en un 11%.

Que la educación inclusiva y equitativa debe ser el objetivo central del Ministerio de Educación, para garantizar que todos los NNA tengan acceso escolar en diversas modalidades y en condiciones dignas.

Recomienda:

Al Ministerio de Educación,

• Promover en el contexto actual una estrategia que garantice a todos los NNA el acceso a una educación pertinente y de calidad. Fortalecer los programas de alimentación escolar, útiles escolares, valija didáctica y el aporte de gratuidad que debe efectuarse antes del inicio de cada ciclo escolar.

• Elevar la calidad y eficiencia de los docentes, para lo cual debe capacitar y evaluar periódicamente a todo el personal contratado en el sistema público y establecer mecanismos de verificación en las entidades privadas de educación.

• Mejorar la infraestructura escolar, garantizando que mínimamente los establecimientos dispongan de agua potable, energía eléctrica, servicios sanitarios y drenajes, mobiliario suficiente y en buen estado, para el previsible retorno a las clases presenciales.

• Garantizar que previo al regreso a clases presenciales el personal docente y administrativo, así como los NNA cuenten con las tres dosis de vacuna para evitar o mitigar contagios por COVID-19. Y que todos los establecimientos escolares implementen medidas de bioseguridad, para lo cual deberán estar provistos de alcohol, mascarillas y jabón.

Guatemala, 24 de enero de 2022. 

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