Recuerda:
Que la Constitución Política de la República establece que el Estado se organiza para proteger a la persona y la familia, y protege integralmente la vida desde su concepción.
Que, además, prescribe que el Estado "velará porque la alimentación y nutrición de la población reúna los requisitos mínimos de salud", y que las instituciones públicas especializadas "deberán coordinar sus acciones entre sí o con organismos internacionales dedicados a la salud, para lograr un sistema alimentario nacional efectivo".
Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce "el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia", debiendo adoptarse medidas inmediatas y urgentes para garantizar "el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre".
Expresa:
Que Guatemala es, en América Latina, uno de los países donde más se vulneran los derechos de la niñez, como lo demuestran las altas tasas de desnutrición, exclusión escolar, mortalidad infantil, pobreza extrema, violencia sexual, maltrato, homicidios, discriminación y racismo, entre otros.
Que en 2020, a la ya grave condición de la mayoría de niños, niñas y adolescentes, se sumó la pandemia de la COVID-19, que aumentó la vulneración de sus derechos.
Informa:
Que en las últimas semanas han fallecido niñas y niños a causa de la desnutrición y hechos de violencia. Entre los casos de muerte por desnutrición se identifican dos niñas: en La Ceiba, Jocotán, Chiquimula una niña de 2 años, y en el barrio El Esfuerzo, La Libertad, Petén una niña de 5 años.
Por hechos de violencia recientemente se conoció que fue asesinada Hillary Sarai Arredondo de León, de 3 años, quien había sido secuestrada el pasado 17 de enero en la colonia El Milagro, Tiquisate, Escuintla. La Auxiliatura de Escuintla del PDH abrió expediente por este caso y dará seguimiento a las acciones de las instituciones encargadas de la investigación criminal.
Que el Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional registró, hasta la semana epidemiológica 53 (27 de diciembre 2020 a 2 de enero 2021), 27 mil 913 casos de desnutrición aguda y 50 fallecidos.
Recomienda:
Al Presidente de la República,
-Adoptar las disposiciones necesarias para garantizar que los habitantes de la República tengan acceso a los alimentos nutritivos e inocuos, esenciales para protegerlos del hambre y la desnutrición. Asimismo, asegurar la ejecución oportuna y transparente de los programas implementados en el contexto de la COVID-19 y girar instrucciones a fin de que las entidades responsables de brindar asistencia alimentaria a familias en situación de inseguridad alimentaria y nutricional cumplan su mandato.
Al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,
-Fortalecer las capacidades de detección de casos de desnutrición aguda y garantizar el tratamiento para la recuperación de la niñez afectada. Oficializar oportunamente el registro de casos de desnutrición aguda para el seguimiento correspondiente.
A la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional,
-Continuar con la coordinación interinstitucional para la atención de la desnutrición infantil, implementando estrategias a nivel central, departamental, municipal y comunitario a fin de prevenir y reducir la desnutrición crónica y aguda.
Al Consejo Nacional de Seguridad,
-Actualizar la formulación de políticas y estrategias de seguridad y enfocar la seguridad democrática como un bien público, generando condiciones para que la sociedad participe y aporte en el diagnóstico y solución de la problemática.
Al Ministerio Público,
-Investigar y encausar penalmente a los responsables de la muerte de Hillary Sarai Arredondo de León, y que el caso no quede impune.
Al Ministerio de Gobernación,
-Que, a través de la Policía Nacional Civil, garantice los derechos a la vida e integridad de las personas. Asimismo, implementar estrategias de prevención de la violencia criminal, fundamentalmente contra niñas, niños y adolescentes.
Guatemala, 22 de enero 2021