Manifiesta:
Que los ciudadanos y ciudadanas calificadas en publicaciones apócrifas como "vendepatrias" y señaladas de cometer "crímenes contra la justicia y la soberanía del país" pertenecen a amplios círculos de la sociedad y son reconocidos nacional e internacionalmente por sus extensas ejecutorias en causas a favor de la paz, la democracia, la libertad y el desarrollo, y que se han congregado ahora para respaldar a la jueza Erika Aifán, cuya independencia e integridad están nuevamente amenazadas, esta vez por un antejuicio que promueve el Ministerio Público.
Que la descalificación y los mensajes de odio en contra de quienes defienden una justicia independiente no pueden pasarse por alto, pues tienden a normalizarse en la sociedad convirtiéndose en un pretexto perfecto para regímenes con derivas autoritarias para perseguir, exiliar o encarcelar a quienes disienten del debilitamiento del Estado de Derecho y ejercen sus libertades civiles y políticas garantizadas por la Constitución Política de la República y las convenciones internacionales de las que Guatemala hace parte.
Que las opiniones públicas contra ciudadanos particulares, manifestadas como instigación al odio y la persecución, como calumnias y difamación, no caben en las normas nacionales e internacionales vigentes.
Exhorta:
A la ciudadanía en general a no hacer eco de este tipo de ataques de descalificación y difamación contra quienes defienden principios de convivencia social, como la justicia y los derechos humanos.
A que en los distintos sectores de la sociedad se promueva un diálogo abierto, franco y respetuoso, como corresponde a personas y sectores adultos que ejercen de manera responsable su condición ciudadana, sin importar qué tan polarizadas sean sus posiciones. Las publicaciones apócrifas de odio y descalificación únicamente despiertan desasosiego y alimentan la violencia contra quienes piensan y son diferentes. Existen demasiados y trágicos ejemplos en la historia de Guatemala y de la humanidad sobre cómo la manipulación de la opinión pública conduce a las mayores injusticias y daños que se transmiten de generación en generación.
Recomienda:
A la Fiscalía de Delitos contra Periodistas y a la Agencia fiscal de Delitos contra Activistas y Defensores, realizar con diligencia la investigación correspondiente, considerando que estas publicaciones constituyen una amenaza en contra de la integridad y seguridad de las personas enlistadas en la publicación apócrifa, y deducir las responsabilidades de ley.
Guatemala, 17 de enero de 2022.