Señor Presidente:

Usted fue electo para cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de la República. Su juramento -solemne y público- indica que, si incumple sus deberes la Patria se lo demandará.

En marzo de 2020, dos meses después de que asumió la dirección del Gobierno Central y la Jefatura de Estado, Usted decretó oportunamente la emergencia sanitaria en el territorio de la Nación, a causa de la pandemia por el Covid-19. Para afrontar la crisis derivada dispuso de recursos extraordinarios, gracias al respaldo del Congreso de la República.

Este impredecible e inusitado desafío alteró sus planes de Gobierno, pero a la vez le invitó a concitar la unidad nacional para enfrentar la emergencia, como ocurrió ante otras tragedias -la más significativa, el terremoto de 1976. Su deber era cuidar la salud de la población y mitigar los impactos económicos y educativos, entre otros. Es más, la crisis le abrió la oportunidad de reconstruir las bases tan deterioradas de las políticas y los servicios públicos.

Pero ocurrió lo contrario. Aceleradamente, las instituciones se degradaron y las autoridades de su administración perdieron legitimidad. La crisis de legitimidad y de conducción política y técnica se observa en casi todas las ramas del Estado. Se manifiesta de manera aguda en la fallida ejecución del esfuerzo fiscal frente a la pandemia, en la invasión de la independencia de la justicia, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y de la libertad de prensa y expresión del pensamiento, así como en la desobediencia de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, de manera flagrante entre 2019 y el primer trimestre de 2021 y los denodados y cada vez menos escrupulosos actos de procurar la impunidad de los sindicados.

Ahora, en plena fase de vacunación, los habitantes de la República se encuentran en total indefensión y abrumados por la incertidumbre. La compra masiva de las vacunas Sputnik V, aparentemente ilegal y obviamente opaca y contraria al interés nacional, ha resultado fallida. La población asiste por citación a los centros de vacunación, y no es atendida; el índice de contagios aumenta cada día de manera acelerada, y solo las personas que tienen los medios pueden encontrar inmunización en otros países. Sigue siendo su deber garantizar el derecho a la salud; además, estas brechas crecientes de desigualdad social y aumento de la pobreza y desnutrición debió, y pudo, haberlas mitigado.

Señor Presidente, a Usted, que tiene una extensa carrera de servicio público y largos años de aspiración de conducción de Gobierno -y dado que en Guatemala no aplica la figura legal de revocatoria de mandato-, ante la incompetencia y fracasos manifiestos, le invito a una reflexión honesta y una actitud consecuente. Por el bien de todos los habitantes de la República y por el futuro de la Patria, renuncie a su cargo.

Atentamente,

Jordán Rodas Andrade

Procurador de los Derechos Humanos

Guatemala, 1 julio de 2021