Como Defensores y Defensoras del Pueblo de Centro América hemos tenido conocimiento de los lamentables hechos acaecidos el diecisiete de enero del presente año en el departamento de Chiquimula, Guatemala, donde aproximadamente 9,000 personas migrantes de nacionalidad hondureña han sido afectados en su derecho a la integridad y seguridad personal por miembros de las fuerzas policiales y militares cuando se encontraban en su paso por territorio guatemalteco. Los hondureños forman parte de una caravana que salió desde la ciudad de San Pedro Sula rumbo al norte de América.
Según se ha verificado por la Institución Nacional de Derechos Humanos de Guatemala; las fuerzas de seguridad detuvieron y utilizaron la fuerza de manera excesiva en contra de las personas migrantes, incluyendo la emisión con gases lacrimógenos, con la finalidad de dispersarlas, cuando intentaron derribar el bloque de contención en la zona de Vado Hondo en la ciudad de Chiquimula, Guatemala.
Ante estos hechos, delegados de las Auxiliaturas de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, realizaron recomendaciones al ejército y a la policía Guatemalteca, para evitar el uso de la fuerza y respetar los Derechos Humanos de las Personas Migrantes. Además constataron que en el lugar permanecen alrededor de 5,000 personas migrantes y se observan niños, niñas, mujeres y mujeres embarazadas.
Ante esta lamentable situación sobre la base de nuestras competencias de asistir a las víctimas de violaciones a derechos humanos y de hacer recomendaciones a las autoridades de los Estados Centroamericanos hacemos las siguientes consideraciones:
1. Muchas personas centroamericanas pertenecientes al triángulo norte (Honduras, Guatemala y El Salvador), han migrado en modalidad de flujos migratorios extraordinarios o caravanas, desde el año 2018, como una forma de visibilizar las causas por las cuales se ven obligadas a salir de sus países; siendo principalmente la violencia de pandillas o grupos de crimen organizado; para mejorar las condiciones de vida o la satisfacción de sus derechos económicos, sociales y culturales; por reunificación familia, entre las más recurrentes; sin embargo, en los países de tránsito han encontrado respuestas y accionesde parte de las autoridades, basadas en el enfoque de seguridad nacional, por lo que han sido reprimidas para desincentivar la migración indocumentada. La gravedad de estas acciones podría hacer incurrir a los Estados en responsabilidades ante el incumplimiento de la Convención Internacional de Protección de los Derechos de las Personas Migrantes y sus Familiares, vigente en la mayoría de nuestros países.
2. Las poblaciones en situación de vulnerabilidad que se encuentran presentes en estos grupos de personas migrantes tales como: personas con necesidades de protección internacional, niñez, adolescencia, mujeres, población LGBTI, entre otras, requieren una atención diferenciada y la garantía de sus derechos en los países de tránsito y destino, además que se les brinde la oportunidad de exponer sus situaciones particulares, sobre todo cuando la causa de la migración es la violencia, debido a que les hace sujetos de protección internacional, y por lo tanto las autoridades migratorias de los países deben implementar mecanismos de identificación de las necesidades diferenciadas de cada población vulnerable y el cumplimiento de algunos principios establecidos en tratados internacionales o propios de políticas migratorias garantistas basadas en el enfoque de seguridad humana.
3. Consideramos Indispensable dar seguimiento a los espacios de diálogo regionales encaminados a establecer mecanismos de protección para nuestras poblaciones migrantes, tanto como instituciones nacionales de derechos humanos con el establecimiento de redes de atención, para coadyuvar a los Estados e incidir en sus mecanismos de recepción y atención de las personas migrantes y en las políticas migratorias de los mismos, incluyendo la sensibilización a las fuerzas armadas y policiales y autoridades migratorias para que sus acciones generen seguridad y protección y no atentados a la integridad y seguridad en cualquier circunstancia individual o colectiva de migración.
4. Reconocemos la actuación (en el cumplimiento de su mandato) de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de Honduras y Guatemala, quienes han tratado de incidir en el respeto a la dignidad humana de las personas migrantes hondureñas en el caso que nos ocupa, y en su constancia y acompañamiento a las personas migrantes en esta lamentable situación.
En razón de lo anterior, recomendamos a los Estados de la región centroamericana:
1. Brindar atención humanitaria inmediata y médica (urgente si es necesario) a la personas migrantes hondureñas en su tránsito por Guatemala y solicitar los buenos oficios al gobierno Mexicano, para que en caso ingresen en las fronteras del mencionado país se prevenga cualquier acción de parte de los funcionarios encargados de cumplir la ley, en detrimento de la integridad física, psicológica o la seguridad de la población migrante y puedan identificar las necesidades de protección internacional y la atención diferenciada que requieran.
2. Adoptar y hacer realidad los principios del Pacto Mundial para una Migración, Segura, Ordenada y Regular, basada en los valores de la soberanía del estado, la responsabilidad compartida, la no discriminación y los derechos humanos y reconoce que se requiere de un enfoque cooperativo para optimizar los beneficios generales de la migración. Además de la humanización y respeto a la dignidad de las personas migrantes en los procesos de retorno.
3. Se exhorta a los Estados de la región centroamericana a establecer campañas masivas sobre los riesgos de la migración irregular a cada una de sus poblaciones, haciendo énfasis en los derechos que los asisten en caso de migrar y las comunicaciones que puedan establecer con las respectivas instancias consulares, además de insistir en que el derecho a la protección consular, debe ser implementado o ampliado de forma prioritaria.
4. Los Estados deben generar mecanismos de coordinación binacional y regional para lograr la identificación de casos que requieran medidas de protección previo a los retornos y a su vez activar los mecanismos nacionales de protección especial e interés superior del niño, durante los procedimientos de reunificación familiar de los niños, niñas y adolescentes no acompañados que son retornados al país.
5. En el caso de los compatriotas que deciden no continuar con el viaje, recomendamos a las autoridades competentes garantizar un retorno seguro.
6. Finalmente, expresamos nuestra disposición y trabajo coordinado para dar seguimiento al caso que nos ocupa y a las recomendaciones realizadas a favor del respeto y garantía de la población Migrante en nuestros países.
Centroamérica 18 de enero de 2021.
Jordán Augusto Rodas
Procurador de Derechos Humanos Guatemala
José Apolonio Tobar Serrano
Procurador Para la Defensa de los Derechos Humanos El Salador
Catalina Crespo
Defensora de los Habitantes Costa Rica
Blanca Izaguirre Lozano
Comisionada Nacional de Derechos Humanos Honduras
Eduardo Leblanc González
Defensor del Pueblo Panamá