Expresa:
Los esfuerzos por redactar un documento específico que abordara la protección de los pueblos indígenas en el ámbito internacional iniciaron hace más de dos décadas en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En 1982, el Consejo Económico y Social estableció el Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas (WGIP, por sus siglas en inglés) con el mandato de desarrollar estándares mínimos para la protección de estas poblaciones. Luego de varios años de trabajo, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 13 de septiembre de 2007, durante su 107ª sesión plenaria. El referido documento reafirma que, en el ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas deben estar libres de toda forma de discriminación, al mismo tiempo que expresa la preocupación por el hecho que han sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y de haber sido desposeídos de sus tierras y recursos, lo que les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses. Además, reconoce que la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración y el Programa de Acción de Viena afirman la importancia fundamental del derecho de todos los pueblos a la libre determinación, en virtud del cual éstos establecen libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Para el abordaje de diversos derechos de la población guatemalteca en distintos escenarios sociales, la Procuraduría de los Derechos Humanos constituyó la Mesa de Derechos Colectivos frente a Escenarios Sociales, desde la cual se atienden situaciones como desalojos de población indígena y campesina, la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, casos de comunidades indígenas víctimas del conflicto armado interno, criminalización y ataques contra personas defensoras de derechos humanos, entre otros. En el marco de esta conmemoración, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, señala que los pueblos indígenas en Guatemala no viven a plenitud el ejercicio de sus derechos, cotidianamente deben lidiar con la discriminación, el racismo, desalojos, contaminación ambiental, siendo mínimos los avances en el cumplimiento de sus derechos más elementales, así como con la desigualdad estructural que les coloca en la cola de los índices de desarrollo humano. A pesar que Guatemala ratificó la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (CERD), el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); además, aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y firmó un acuerdo específico sobre pueblos indígenas en el marco de los Acuerdos de Paz, el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, aún hay tareas pendientes. Entre otras, una agenda legislativa, que incluye: reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, las iniciativas de ley sobre “Patrimonio histórico, espiritual y cultural de los pueblos indígenas”, “Lugares Sagrados”, “Consulta”, desarrollo rural, aguas y bosques, reformas a la “Ley del Organismo Judicial”, la “Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural”, y una “Ley específica de pueblos indígenas” que desarrolle el artículo 70 constitucional; en tal sentido, el Procurador de los Derechos Humanos exhorta a que se conozcan y aprueben las referidas iniciativas para con ello fomentar el pleno respeto de los derechos humanos de la población indígena.Guatemala, 13 de septiembre de 2019