Recuerda:   El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución 54/120, siguiendo las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud (Lisboa 8-11, mayo de 1998), declaró el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud. ​ Esta conmemoración busca promover el papel de las y los jóvenes como socios esenciales en los procesos de cambio y crear una oportunidad para generar conciencia acerca de los desafíos y problemas a los que se enfrentan; además, reflexionar acerca del papel de los jóvenes como agentes indispensables de cambio. En el marco de dicha celebración se realizan debates temáticos y campañas de información en todo el mundo, para lograr que tanto los Estados miembros como el público en general comprendan las necesidades de los jóvenes, implementen políticas que les ayuden a superar los desafíos que enfrentan y les alienten a formar parte de los procesos de toma de decisión. Recientemente, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade y el Observatorio de Derechos de la Juventud presentaron el Informe de Línea de Base del Estado Situacional de los Derechos de la Juventud en Guatemala 2014-2017[1], en el que se documentan las principales brechas que impactan en el desarrollo y ejercicio pleno de los derechos de las y los jóvenes en Guatemala, que trascienden la dimensión etaria y deben ser analizadas en función de la diversidad étnica y cultural, resaltando indicadores relacionados con el limitado acceso de adolecentes entre  13 y 15 años al ciclo básico[2]; de adolescentes de 16 a 18 años al ciclo diversificado[3], y de jóvenes a educación universitaria[4]; así como el acceso a empleo formal, protección social y salario igual o mayor al mínimo[5], datos que se relacionan directamente con el acceso a oportunidades de las y los jóvenes para el ejercicio de otros derechos tales como salud y vivienda adecuada. Los indicadores presentados en el informe constituyen un llamado a continuar trabajando a favor de la juventud, ya que a pesar de la aprobación de múltiples políticas públicas y estrategias que están orientadas a su atención, las condiciones de pobreza y desigualdad persisten, particularmente para las jóvenes, la juventud indígena y la juventud que vive en el área rural, limitando su desarrollo integral y el pleno goce de todos sus derechos. El informe concluye que la aprobación de la Política Nacional de la Juventud 2012-2020 se consideró como un paso fundamental para dar respuesta a la problemática que afecta la vida y desarrollo de la juventud; sin embargo, en la medida en que avanzó su implementación y el debilitamiento al Gabinete Específico de Juventud, las acciones desarrolladas no previeron su articulación con otras políticas o compromisos internacionales en materia de derechos de la juventud, limitando su impacto y dispersando la actuación interinstitucional, demandando una respuesta integral y focalizada hacia las y los jóvenes con mayor vulnerabilidad. Esta realidad trasgrede los derechos de las y los jóvenes, demandando acciones urgentes por parte del Estado; por lo que, en el marco del Día Internacional de la Juventud, el Procurador de los Derechos Humanos:   Recomienda   A las autoridades electas
  1. Focalizar la inversión pública en las zonas de mayor concentración de la juventud pobre y sin acceso a oportunidades, así como orientar programas que permitan dar respuesta a sus múltiples necesidades de manera integral e interseccional.
  2. Evaluar y reformular la Política Nacional de la Juventud, armonizándola con otras políticas, leyes y estándares internacionales en materia de derechos de la juventud, dando paso al diseño y aprobación de un Plan de Acción Interinstitucional, estableciendo un sistema de indicadores, monitoreo y evaluación vinculado al clasificador presupuestario de juventud, garantizando la inclusión del enfoque de derechos, pertinencia cultural y de género, así como aumentar la inversión en juventud con asignaciones presupuestarias progresivas y sostenidas.
  3. Fortalecer la institucionalidad responsable de la atención de la juventud, incluyendo al Consejo Nacional de la Juventud.
  4. Contemplar el enfoque de derechos con pertinencia en atención a las mujeres jóvenes, la juventud indígena, la juventud con discapacidad, la juventud rural y la juventud LGBTI en todas las estrategias, programas y proyectos a implementar.
  Al Congreso de la República
  1. Ratificar la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes y emitir legislación específica para el reconocimiento de los derechos de la juventud.
  A las corporaciones municipales
  1. Crear o fortalecer las comisiones y oficinas municipales de la juventud.
  2. Aprobar políticas municipales de juventud con presupuesto asignado.
   

Guatemala, 13 de agosto de 2019

[1] Disponible en www.pdh.org.gt [2] 4 de cada 10 adolescentes entre 13 y 15 años. [3] 2 de cada 10 adolescentes de 16 a 18 años. [4] Únicamente el 5.7% [5] Únicamente 2.1% de la juventud tiene acceso.