Informa:
Como resultado de la supervisión a 300 centros educativos (154 del nivel primario, 77 de básico y 69 de diversificado), así como a 25 direcciones departamentales, el Departamento de Supervisión a la Administración Pública de la Procuraduría de los Derechos Humanos elaboró el informe: “Verificación del derecho a la educación en los niveles primario, básico y diversificado”. El Estado aún tiene grandes pendientes para hacer realidad el derecho a la educación de la niñez y adolescencia, principalmente a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, entre estas: pueblos indígenas, personas con discapacidad y población LGBTI. El informe contiene hallazgos y presenta recomendaciones en ocho grandes temas, siendo estos: organización de padres de familia, programas de apoyo, docentes, infraestructura, servicios básicos y mobiliario, educación bilingüe e intercultural, educación inclusiva, estudiantes LGBTI y seguridad en centros educativos. Entre los principales problemas en los centros de estudio también están las deficientes condiciones en infraestructura, ya que el 47% de la pintura, el 39% de los techos, igual porcentaje de ventanas y el 26% de puertas están en malas condiciones, en el 16% la accesibilidad no es adecuada, el 14% está sin piso (es de tierra o cemento), el 12% presenta mala iluminación, en el 11% la ventilación es inadecuada, el 54% de escritorios y el 23% de pizarrones están en mal estado. En lo relacionado con la educación bilingüe e intercultural, el informe señala que las acciones del Ministerio de Educación (Mineduc) no son suficientes para garantizar el derecho a recibir educación en su idioma y con base en su cosmovisión. La mitad de centros educativos no cuenta con por lo menos un docente bilingüe y los que cuentan con docentes bilingües no tienen lineamientos del Mineduc.Recomienda:
Al Ministerio de Educación:- Promover y aumentar la conformación de Organizaciones de Padres de Familia (OPF) y crear un mecanismo que agilice la entrega de insumos para aquellas escuelas sin OPF.
- Garantizar la gratuidad de la educación pública, especialmente en áreas rurales y poblaciones indígenas.
- Cumplir con lo establecido en la Ley de Alimentación Escolar y con el calendario de entrega de los fondos de alimentación escolar a las OPF, y procurar que el primer desembolso se realice antes del inicio del ciclo escolar.
- Realizar un diagnóstico acerca de la disponibilidad y calidad de un lugar adecuado para la preparación de alimentos en los centros educativos y gestionar con las municipalidades correspondientes los requerimientos de infraestructura en apoyo al programa de alimentos escolares.
- Cumplir con la entrega de útiles escolares y eliminar la solicitud de compra de libros de texto a madres y/o padres de familia, principalmente en áreas rurales y poblaciones indígenas. Procurar que la entrega de los útiles se realice antes del inicio del ciclo escolar.
- Realizar un diagnóstico sobre la cobertura docente que permita elaborar una estrategia para eliminar el déficit de maestras y/o maestros e instruir a las direcciones de Educación para que supervisen el cumplimiento de asistencia y de horarios de los docentes, principalmente en áreas rurales.
- Actualizar la estrategia para la atención de la infraestructura escolar; crear el sistema nacional de infraestructura y realizar un censo nacional de infraestructura escolar, así como identificar las condiciones de infraestructura, mobiliario y servicios básicos y plantear soluciones para mejorarlas.
- Tomar acciones concisas y puntuales para garantizar el acceso a una educación en el idioma de los pueblos indígenas y elaborar una estrategia nacional que permita aumentar la cantidad de docentes bilingües.
- Elaborar un protocolo que brinde lineamientos para la atención de casos relativos al acoso a estudiantes LGBTI, que permita garantizar el acceso a la educación sin discriminación y en igualdad de condiciones.
- Seguir avanzando con la implementación del proyecto de escuelas seguras, así como buscar mecanismos que permitan aumentar la coordinación de los centros educativos con la Policía Nacional Civil, en especial en aquellos centros que no cuentan con el proyecto de escuelas seguras.
- Diseñar y aplicar un plan que permita aumentar las capacidades acerca de la normativa de convivencia escolar, tanto para directores de centros educativos como para madres y padres de familia.
- Garantizar los fondos necesarios para que el Mineduc pueda entregar antes del inicio del ciclo escolar los desembolsos de los programas de gratuidad educativa, alimentación escolar, útiles escolares y valija didáctica.
- Realizar las acciones necesarias para lograr un registro adecuado de los agricultores acreditados en el Programa de Agricultura Familiar, además de coordinar con el Mineduc para que esto sea del conocimiento de los directores de los centros educativos.
Guatemala, 15 de enero de 2020