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77/19 En el Día Mundial Contra la Trata de Personas, el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas Andrade,

Manifiesta

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó en 2010 un Plan de Acción Mundial para combatir la trata de personas, instando a los gobiernos de todo el mundo a tomar acciones para hacer frente a este flagelo, haciendo énfasis en la importancia de “fortalecer o seguir fortaleciendo la capacidad de los funcionarios competentes que tengan responsabilidades de encontrar e identificar a posibles víctimas de trata de personas, como el personal encargado de hacer cumplir la ley, los funcionarios de control de fronteras, los jueces y fiscales y el personal de mantenimiento de la paz y asegurar que se disponga de los recursos necesarios en los sectores e instituciones pertinentes, incluidos los de la sociedad civil; instando a los gobiernos que las víctimas no sean penalizadas, ni victimizadas”. En 2013, la Asamblea General sostuvo una reunión para evaluar el Plan de Acción Mundial, por lo que los Estados miembros adoptaron la resolución A/RES/68/192 y designaron el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata, como una medida de concientización sobre la situación de las víctimas de trata y la importancia de proteger sus derechos humanos[1]. Desde el año 2017 el procurador de derechos humanos ha realizado informes sobre la situación de trata de personas, es importante resaltar que en el informe presentado en el mes mayo de 2019 el cual refleja la situación del 2018 en el tema de trata, se visibilizan los esfuerzos realizados por parte del Estado así como las debilidades y vacíos que aún existen para el combate de este delito; resaltando que si bien las cifras de víctimas de trata de personas detectadas en el plano mundial son alarmantes, aún existe un gran número de víctimas que quedan invisibilizadas en los registros, ante la normalización, tolerancia social, la falta de concientización que no permite que las instituciones tengan mayor capacidad en la detección e identificación de este delito[2]. Asimismo, se logra determinar en el informe relacionado  que  las causas que originan cualquier forma de explotación son estructurales, por lo que en la medida que el Estado no centre sus esfuerzos para combatir este delito, se vislumbra un panorama desalentador, y a pesar que en el caso de Guatemala, el Ministerio Público registró un aumento en la detección de víctimas (478,4% más en comparación con 2017), aún no se visualizan en estos registros las víctimas que son explotadas  en cultivos de café, palma africana, fincas de caña de azúcar, lugares de elaboración de juegos pirotécnicos, contextos de prostitución y explotación sexual, en las llamadas “narcofiestas”, por mencionar algunos escenarios[3]. El importante resaltar que, en los informes anuales del Procurador de los Derechos Humanos, plantean recomendaciones puntuales para la prevención, atención, protección y acceso a la justicia de las víctimas de trata. Por otro lado, y dentro de los grandes retos que tiene el país está la atención a las víctimas adultas, ya que, con la entrada en vigencia del Código de Migración, Decreto Número 44-2016, la misma está a cargo de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, iniciando a prestar los servicios a partir del 1 de julio de 2019; no obstante, aún deben continuar realizando esfuerzos a la brevedad posible, para cumplir con lo que establece esa normativa. Es preciso reconocer los esfuerzos realizados por parte de la Fundación Sobrevivientes y la organización Misión Redentora, quienes durante 2018 brindaron atención a víctimas adultas y cuenta actualmente con el apoyo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés), con grupos de atención ambulatoria y con un albergue especializado para víctimas de este flagelo. Sumado a lo anterior, recientemente el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, hizo público el Informe Anual sobre la Trata de Personas, en el cual evalúa a los países en su lucha contra ese delito. En el mismo se hace referencia que Guatemala no cumple con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas, pero se encuentra realizando importantes esfuerzos para lograrlo, demostrando mayores acciones en comparación con el año anterior;  por lo que pasó de nivel 2b al nivel 2, es decir, ya no está bajo observación[4]. En este informe se señala: “estos esfuerzos incluyeron la investigación de más traficantes, dedicando recursos adicionales para aumentar la capacidad judicial y procesal, identificando y brindando servicios a más víctimas, nuevos protocolos de asistencia y el lanzamiento de varias campañas de sensibilización…”, asimismo, recomienda aumentar los esfuerzos en la identificación de víctimas, especialmente de las poblaciones que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad; así como aumentar los esfuerzos en la investigación y condena de los tratantes y de los “turistas sexuales”, continuando con la capacitación de los fiscales y jueces, tanto en la capital como fuera de ella, y proporcionar apoyo en la reintegración y protección de testigos, entre otras. Si bien para el estado de Guatemala el no estar en la lista de países en vigilancia resulta alentador, aún quedan grandes retos que el Estado debe afrontar, adoptando políticas y programas en el plano nacional, para prevenir todas las formas de explotación, encaminadas a priorizar la educación, el empleo, la igualdad entre géneros; ya que si bien las medidas de sensibilización son indispensables, es aún más importante priorizar la erradicación de los factores que sitúan a las personas en riesgo de la trata de personas. Es importante resaltar que en el acceso a la justicia para las víctimas de trata de personas no existieron avances, ya que se registró una disminución de sentencias en comparación con 2017 (46), dictándose únicamente seis sentencias condenatorias y cinco absolutorias (11 en total). El Procurador de los Derechos Humanos insta a toda la institucionalidad del Estado a continuar con los esfuerzos y acciones para el combate de la trata de personas; a considerar las buenas prácticas en la atención y seguimiento de las víctimas por parte de la Asociación La Alianza y El Refugio de la Niñez y principalmente atender las recomendaciones que se realizan para mejorar las acciones en la prevención y erradicación de este flagelo y grave violación a los derechos humanos.  

Guatemala, 30 de julio de 2019

  [1] https://www.un.org/es/events/humantrafficking/. Consultada el 25 de junio de 2019. [2] Procuraduría de los Derechos Humanos. Informe de Situación de Trata de Personas 2018. Guatemala 2019. [3] Ídem. [4] https://cl.usembassy.gov/es/informe-trata-de-personas-2019/. Consultado el 25 de junio de 2019.  
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