Guatemala- 17 de abril de 2020- La Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió este 8 de abril, una resolución de medidas urgentes a favor de tres funcionarios que laboran en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Impunidad (FECI) de Guatemala, al considerar la existencia de hechos extremadamente graves que atentan contra su vida e integridad, y obstaculizan el desarrollo independiente de su trabajo. En este momento, la FECI investiga casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el marco de la operación conocida como “Plan Gavilán”. En su resolución, la Corte ordena al Estado que adopte de manera inmediata e individualizada las medidas para proteger a los tres fiscales. En particular, que refuerce los esquemas de seguridad asignados a dos de ellos, e implemente uno para el funcionario que carecía de protección, garantizando entre otras cosas, que no sean brindados por personal de seguridad que según los beneficiarios, estén involucrados en los hechos. El Estado debe rendir cuentas de las medidas implementadas el próximo 22 de abril. Es importante recordar que la tarea de investigación que realiza la FECI en este caso, responde a la obligación del Estado guatemalteco, luego de que en diciembre de 2019, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo encontrara responsable por la tortura y ejecución extrajudicial de Hugo Humberto Ruiz Fuentes. La Corte sentenció a Guatemala conminándola a investigar, identificar, juzgar y en su caso, sancionar a todos los responsables de los hechos, garantizado que las personas que participan en la investigación, entre ellas, víctimas, testigos y operadores de justicia, cuenten con las debidas garantías de seguridad. Para el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) e Impunity Watch, resulta destacable que en su resolución la Corte IDH reconoce el contexto adverso que enfrentan los funcionarios de justicia en Guatemala. Refiriéndose a la solicitud de medidas a favor de los miembros de la FECI, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordó a la Corte IDH que las amenazas se daban “por las acciones que realizan en su rol de lucha contra la corrupción y la impunidad en el país; por su participación e impulso en investigaciones en casos de alto impacto; por el alto perfil de las personas que han identificado como responsables o presuntos responsables de diversos actos delictivos a lo largo de los años, los cuales involucran a diversos grupos de poder de la sociedad guatemalteca; y por su cercanía al trabajo que realizaba la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el cual viene siendo cuestionado por sectores con poder público en el país”. Las medidas provisionales son acciones urgentes de protección que dicta la Corte IDH tras comprobar la existencia de criterios de extrema gravedad y urgencia, cuando se hace necesario evitar daños irreparables a las personas. Los Estados están en obligación de ponerlas en marcha e informar sobre su implementación.