Expresa

Su preocupación porque los criterios de distribución de los apoyos económicos que promueve el Gobierno de la República, podrían excluir a vastos sectores sociales altamente vulnerables ante la pandemia, como personas dedicadas al comercio por cuenta propia que no están sujetos a ningún control gubernamental o municipal, y familias en viviendas colectivas que no tienen acceso a comprobantes de consumo de energía eléctrica, entre otros. Que los mecanismos y criterios previstos para la distribución de la ayuda aumentan los riesgos de politización y clientelismo al estar centralizados, sin considerar abordajes más participativos, representativos e integrales que permitan alcanzar a las poblaciones en condición de pobreza y pobreza extrema, vulnerando su derecho a la alimentación, el acceso al agua y la salud. La deficiente información e incertidumbre sobre los criterios de selección y entrega de la asistencia, han provocado aglomeraciones de personas frente a ciertas instituciones –lo cual puede empeorar en los próximos días-, poniendo en riesgo la salud de los habitantes.

Reitera

Que la participación ciudadana es fundamental para disminuir las posibilidades de incurrir en actos de corrupción y además supone un medio de control beneficioso para el Estado, pues permite prevenir y detectar abusos. Que las medidas de emergencia y contención deben incorporar y aplicar perspectivas intersectoriales, además de prestar especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado de dichas medidas en los derechos humanos de grupos históricamente excluidos o en especial riesgo, como las personas que viven en pobreza y pobreza extrema, especialmente personas trabajadoras informales y personas en situación de calle.

Recomienda

Al Presidente de la República, Ministros de Estado y sus equipos de trabajo:
  1. Implementar mecanismos participativos para la selección de beneficiarios y distribución de la asistencia. Por ejemplo, integrando equipos intersectoriales voluntarios a nivel municipal que pueden incluir a las autoridades ancestrales, iglesias, cooperativas, comités y asociaciones locales, entre otros.
  2. Evaluar opciones de apoyo a las familias en condición de pobreza y pobreza extrema que están quedando excluidas debido a las fórmulas y mecanismos de selección que se están aplicando.
  3. Emprender esfuerzos para la instalación de comedores populares en los barrios marginales y comunidades remotas.
  4. Garantizar la alimentación escolar mediante redes de distribución en las áreas de cobertura de las escuelas.
  5. Mejorar y ampliar la información sobre los criterios de identificación de beneficiarios, formas de inscripción y los proyectos de asistencia; emplear, para su difusión, medios de comunicación social con pertinencia cultural.
  6. Habilitar líneas telefónicas gratuitas y plataformas electrónicas para aclarar dudas sobre los programas de ayuda económica, para contener la desinformación y los riesgos a la salud por las aglomeraciones que se están observando.
 

Guatemala, 16 de abril de 2020