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No se debe criminalizar a las personas migrantes, la migración es un derecho humano

Es importante recordar que todas las personas tienen derechos humanos, indistintamente de su lugar de origen o nacionalidad; su tránsito o permanencia por el país deben ser en condiciones dignas. La migración tiene distintas causas entre las cuales se puede mencionar la violencia, la pobreza, falta de oportunidades laborales y las condiciones que generan desigualdad. Según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las personas migrantes viven en sus países, generalmente, en condiciones de pobreza y no tienen garantizados sus derechos económicos, sociales y culturales, por ello suelen verse forzadas a migrar.  

La seguridad nacional corresponde a la Policía Nacional Civil y en las fronteras al Ejército

El apoyo internacional debe dirigirse en forma de apoyo técnico para fortalecer las instituciones nacionales, en este sentido resulta imperante brindar todo el apoyo necesario a la nueva fiscalía contra el tráfico de personas del Ministerio Público, para combatir a los grupos de crimen organizado que toman provecho de las condiciones de vulnerabilidad de las personas migrantes. El Gobierno de Guatemala debe enfocar sus esfuerzos en implementar la institucionalidad necesaria para atender a las personas migrantes, según lo indica el Código de Migración, estableciendo una política pública orientada a atender la problemática específica que promueve la migración forzada y el desplazamiento de grandes grupos de personas. El Convenio Centroamericano de Libre Movilidad CA4 responde al proceso de integración centroamericana y el Código de Migración, en su artículo 67, establece que Guatemala puede ser parte de los acuerdos entre los países centroamericanos que faciliten el ingreso y egreso de sus ciudadanos en la región. El Convenio CA4 busca principalmente favorecer el intercambio económico y de turismo en la región, contribuyendo directamente a la economía de los países que lo integran, pensar en realizar una modificación a dicho convenio conlleva la consulta con los otros países que lo integran. Tomar una decisión al respecto, de forma unilateral, puede tener un impacto directo en los aspectos de reciprocidad hacia los guatemaltecos que tienen relaciones comerciales con los países centroamericanos y en las facilidades para la movilidad migratoria en la región. Ante estos escenarios, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, hace un llamado a las autoridades guatemaltecas para que cumplan con su mandato en un marco de respeto y protección a los derechos humanos de todas las personas, sin importar su nacionalidad. La situación en Guatemala respecto de las personas migrantes es distinta a la que viven migrantes guatemaltecos en Estados Unidos de América; no se deben anteponer las políticas migratorias de Estados Unidos y México a los intereses y necesidades de los guatemaltecos, tanto en el territorio nacional como de los que están en el extranjero.  

Guatemala, 7 de junio de 2019