El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, presenta el noveno informe de la Situación de Trata de Personas en Guatemala durante 2018, el cual recoge elementos de la trata de personas, personas migrantes, mujeres y pueblos indígenas, visualizando los avances y retrocesos por el Estado de Guatemala en la prevención, atención, protección y acceso a la justicia de las víctimas de trata, y las acciones y acompañamiento que la sociedad civil realizó para el combate de este delito y grave violación a los derechos humanos.
En este informe se hace énfasis en que las migraciones en Guatemala deben abordarse desde un enfoque histórico y estructural, considerando los modelos económicos y políticos, así como su impacto en el desarrollo del país, reconociendo que los eventos sociopolíticos, económicos y climáticos están intrínsecamente vinculados con el fenómeno migratorio.
Asimismo, que la relación entre la migración y la trata de personas se ha abordado con mayor profundidad en los últimos años, especialmente en que las condiciones, motivos y riesgos que forman el contexto de las personas con mayores niveles de vulnerabilidad influyen en que sean atrapadas por las redes de trata en el ámbito mundial, quienes en muchos de los casos captan a sus víctimas por medio del tráfico de personas.
Del análisis estadístico se identificó que durante 2018 el Ministerio Público detectó 478 posibles víctimas de trata de personas, que en comparación con el año 2017 se registró un aumento de 18 posibles víctimas detectadas, que corresponden al 4 % de lo registrado en el indicado año.
De igual manera, el Sistema Informático de Control del Ministerio Público (SICOMP) registró 276 denuncias por el delito de trata de personas durante 2018, en todo el país. En comparación con el año anterior, el número de denuncias registradas aumentó un 4 % (el MP registró 266 denuncias en 2017).
La niñez y adolescencia continúan en una situación de vulnerabilidad ante la trata, ya que fueron detectados 132 niñas, niños y adolescentes posibles víctimas de trata de personas, que representan el 28 % del total de posibles víctimas detectadas por el MP en 2018. También la PGN, del periodo del 16 de diciembre de 2017 al 15 de diciembre de 2018, rescató, en el plano nacional, a 111 niñas, niños y adolescentes posibles víctimas de trata de personas en sus modalidades de adopción irregular, explotación laboral, matrimonio forzoso o servil, mendicidad forzosa, explotación sexual y trabajo o servicios forzados; no obstante, se continúan invisibilizando otras modalidades como el reclutamiento de personas menores de edad para el crimen organizado.
Respecto de la situación de las mujeres, es el grupo en mayor riesgo, ya que al observar los datos reflejados en el Informe de Situación de Trata 2017 se registró un incremento del 8 % de mujeres posibles víctimas detectadas y una disminución del 7.5 % de hombres posibles víctimas; mientras que, del total de víctimas detectadas en 2018 por el MP, el 63 % son mujeres.
En las acciones desarrolladas para la prevención de la trata de personas, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas desarrolló diversas acciones en el plano nacional para la sensibilización, información y capacitación de los delitos contra la violencia sexual, explotación y trata de personas; sin embargo, aún debe continuar incorporando en las mismas el enfoque multicultural.
También en la atención y protección de las víctimas de trata de personas se presentaron nuevos retos, como la entrada en vigencia del Código de Migración, Decreto Número 44-2016, el cual estipula la transición de los albergues a cargo de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas –SVET– a la Secretaría de Bienestar Social –SBS–, dándose un proceso administrativo ordenado por parte de la SVET; sin embargo, se observaron debilidades en cuanto a la continuidad de sus proyectos de vida y una inadecuada interpretación de la Circular 1291-2018, emitida por la Cámara Civil de la Corte Suprema, por todas las instituciones que participaron en la transición de los mismos.
Para finalizar, en el acceso a la justicia para las víctimas de trata de personas no existieron avances, ya que se registró una disminución de sentencias en comparación a 2017 (46), dictándose únicamente (11) seis sentencias condenatorias y cinco absolutorias.
Por lo tanto, el Procurador de los Derechos Humanos insta a toda la institucionalidad del Estado a continuar con los esfuerzos y acciones para el combate de la trata de personas, asumiendo con responsabilidad y compromiso en las acciones para prevenir, atender y combatir este delito, centrando sus esfuerzos en la población que está en mayor situación de vulnerabilidad.
Guatemala, 29 de mayo de 2019