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35/19 ANTE EL NUEVO FLUJO MIGRATORIO DE CIUDADANOS CENTROAMERICANOS QUE TRANSITAN POR TERRITORIO GUATEMALTECO, EL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS DE GUATEMALA,

Reitera las recomendaciones contenidas en la resolución emitida en diciembre de 2018, específicamente al Director General del Instituto Guatemalteco de Migración, al Ministro de Gobernación, al Director de la Policía Nacional Civil, al Procurador General de la Nación y a la Secretaria de Bienestar Social, en concordancia con las funciones que a cada entidad le competen. En congruencia con las leyes nacionales y convenios internacionales, de los cuales el Estado de Guatemala es parte, en materia de derechos humanos, en cuanto a personas en contextos de migración, el Estado tiene entre otras obligaciones: combatir la discriminación, prohibir la tortura, el trato cruel e inhumano y la detención arbitraria. Asimismo, debe velar por la disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los servicios; garantizar el derecho a la salud, a la seguridad personal y a la libre expresión, asociación y reunión. Informa que se activó el Protocolo de Actuación de la Federación Iberoamericana del Ombudsman para realizar coordinaciones entre las instituciones nacionales de derechos humanos de México, El Salvador, Honduras y Guatemala, para brindarle protección y acompañamiento a personas migrantes. Derivado de las supervisiones que realizan delegados del PDH en las auxiliaturas departamentales y municipales ubicadas en zonas fronterizas con Honduras y El Salvador, se confirma la llegada de grupos de personas, muchas de las cuales viajan en núcleos familiares, encontrándose también niñas y niños no acompañados, lo que los hace más vulnerables de sufrir algún tipo de violación a sus derechos humanos. En tal sentido, hace un llamado a la autoridad migratoria nacional, presidida por el Vicepresidente de la República y conformada por el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, el Instituto Guatemalteco de Migración y los ministerios de Gobernación, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social y Trabajo y Previsión Social, para que actúen según las funciones que le asigna el Código de Migración, ya que es la autoridad rectora en materia migratoria. El Procurador y sus delegados darán seguimiento a la situación de derechos humanos de las personas migrantes, verificando las acciones de las instituciones públicas encargadas de brindar asistencia humanitaria y seguridad a las personas que transitan por el país. Ante al ataque perpetrado contra personas migrantes hondureñas, se hace un llamado a la población a la no criminalización y a las autoridades de la Policía Nacional Civil a brindar seguridad a las personas migrantes en tránsito, recordando que la migración no es un delito; la seguridad también debe ser brindada a la población guatemalteca en resguardo de sus garantías fundamentales. Exhorta a la población migrante a no caer en confrontaciones y a conducirse de forma pacífica, para evitar situaciones que pongan en riesgo su integridad y la integridad de su familia.

Guatemala 11 de abril de 2019

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