HACE SABER:
Que ante el rápido aumento de casos de COVID-19 en el ámbito mundial en poco tiempo, y la transmisión y sufrimiento exponencial a los que se han expuesto comunidades y países que han retardado la toma de medidas serias contra esta pandemia. Que en caso de pandemias como la de COVID-19, los países y localidades deben tomar decisiones e intervenciones rápidas y difíciles, que incluyen el aislamiento social y la cuarentena, así como medidas de distanciamiento social, que pueden tener consecuencias no solo a las poblaciones sino también para la economía individual, familiar y de la nación. Que la respuesta e intervenciones del Gobierno de Guatemala para mitigar esta epidemia y salvaguardar la mayor cantidad de vidas posible, debe regirse enteramente por los principios y la preeminencia de la salud pública como un bien común, integrando los principios éticos que la Organización Mundial de la Salud ha acordado en caso de pandemias como está, comprendiendo que el bien general debe prevalecer sobre el particular.POR TANTO
Dada la susceptibilidad de casi un millón de adultos mayores en el país, y de muchos habitantes del país que sufren enfermedades crónicas, incluyendo desnutrición severa y pobreza, que los ubica en condición de alta vulnerabilidad ante esta pandemia. Como garante de los Derechos Humanos en el país y ante el inminente contagio de miles de personas, por este virus COVID-19,RECOMIENDA
Que el Gobierno de Guatemala y el sector económico y religioso organizado, encaren las decisiones que deban tomarse para proteger la salud y el bienestar público de cualquier daño serio a la salud de todas y todos. Esto requiere que todas las personas cumplan con las restricciones impuestas para garantizar la seguridad y salud de todas y todos. Que las restricciones a las libertades individuales y las medidas para proteger la salud pública no excedan lo que sea necesario para mitigar el actual nivel de riesgo en la comunidad guatemalteca. El Gobierno debe balancear este principio con la evidencia de otros países que han retrasado las restricciones en esta pandemia y que ha resultado en innumerables muertes prevenibles. Que el Gobierno, el Congreso de la República y los actores económicos tienen el deber de implementar el principio de Solidaridad ante la Inequidad Social existente en Guatemala, que permitirá no solo el salvaguardar a las personas más vulnerables, pero permitir que los trabajadores esenciales con menos recursos puedan seguir ejerciendo sus funciones vitales ante esta crisis. Que los servidores de salud, sobre quienes la carga de esta pandemia será más pesada y quienes arriesgan su vida y la de su familia, tienen el deber de ser fieles a sus pacientes, de resguardar la vida y aliviar el sufrimiento, y que, ante la escasez de recursos del sistema de salud, el Gobierno debe garantizar la salud e integridad de dichos servidores, velando para que se mantenga el principio de equidad en la atención de salud y la justa distribución de los riesgos y beneficios. Al Presidente de la República, reconsiderar la implementación de la cuarentena general en los términos expuestos con fecha dieciséis de marzo del año en curso, teniendo presente que lo primordial es garantizar la vida, la salud, la integridad y el bien común de los habitantes del país, y que, ante las circunstancias, aún a costa de lo económico, que puede atenderse con posterioridad.Guatemala, 18 de marzo de 2020