3/19 Ante la grave crisis institucional que representa la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia en contra de los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad:

El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, en uso de las facultades que la ley le confiere y siendo un derecho humano el acceso a la justicia, interpuso en la Corte de Constitucionalidad una acción constitucional de amparo contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que, por mayoría, resolvió remitir al Congreso de la República las diligencias de antejuicio en contra de los magistrados Gloria Patricia Porras Escobar, José Francisco de Mata Vela y Bonerge Amílcar Mejía Orellana. El Procurador de los Derechos Humanos solicita que se otorgue el amparo y en consecuencia no se remita al Congreso de la República las diligencias de antejuicio de los citados magistrados. Lo actuado por la CSJ atenta contra lo preceptuado en el artículo 167º de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad: “Ejercicio de Funciones. Los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad ejercerán sus funciones independientemente del órgano o entidad que los designó y conforme a los principios de imparcialidad y dignidad inherentes a su investidura. No podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo.” El Procurador de los Derechos Humanos valora las muestras de preocupación manifestada por parte de organismos y entidades internacionales, así como países amigos; la Conferencia Episcopal de Guatemala y algunas otras expresiones religiosas; las Autoridades Ancestrales e Indígenas, la Asociación de Estudiantes Universitarios, el movimiento social y campesino, los empresarios honestos y los colectivos ciudadanos, así como otras expresiones de la sociedad civil.

Guatemala, 11 de enero de 2019