El Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas Andrade expresa su repudio por los índices de violencia que afectan la vida y la integridad de las personas que residen en Guatemala y condena las muertes violentas de las mujeres ocurridas en los últimos días. Manifiesta sus muestras de profunda solidaridad con los familiares de Yoseline López, estudiante de Psicología de la Universidad de San Carlos de Guatemala y voluntaria de la escuela Ramiro de León Carpio; Cyntia Mariela Pérez, en Chiquimula, la turista inglesa Catherine Shaw y de quienes se encuentran desaparecidas. En el Informe Anual Circunstanciado de Actividades y de la Situación de los Derechos Humanos 2018 señaló que la violación de un derecho afecta el ejercicio de otros; su complementariedad hace que todos los derechos sean indispensables para el respeto de la dignidad humana. Enfatizó que reclamar el derecho a la seguridad significa que las personas deben vivir protegidas de toda situación considerada como riesgo, amenaza y vulnerabilidad a su seguridad, vida, integridad, libertades fundamentales y a la paz social. Según ONU Mujeres, la violencia contra las mujeres y niñas es una violación grave de los derechos humanos. Su impacto puede ser inmediato como de largo alcance e incluye múltiples consecuencias físicas, sexuales, psicológicas o incluso mortales para mujeres y niñas. Afecta negativamente el bienestar de las mujeres e impide su plena participación en la sociedad. En tal sentido, exhorta nuevamente al Estado de Guatemala a cumplir con su compromiso de implementar, de forma efectiva, la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer “Belém do Pará”, en especial de “adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (…) y a modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que exacerban la violencia contra las mujeres”, como lo establecen los artículos 7 y 8, incisos b de dicha convención. Es urgente que el Estado cumpla con su responsabilidad de evitar que otras mujeres sean víctimas de la violencia patriarcal que les coarta sus derechos a la vida y a la libertad, por lo que es imprescindible que como signatario de la Convención de Belém do Pará adopte, “en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas orientados a garantizar los derechos humanos de las mujeres y prevenir todas las formas de violencia contra las mujeres”, así como redoblar los esfuerzos de investigación para esclarecer estos hechos y castigar a los responsables como corresponde. Insta a la sociedad guatemalteca a denunciar todo acto, práctica e idea que coloque a las mujeres en situaciones de violencia que atenten contra su integridad física, moral y psicológica. Guatemala, 12 de marzo de 2019