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213/20 El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, deplora que el 93% de las familias beneficiarias, después de seis meses, siguen sin recibir los “alimentos de emergencia”

 Considera:

Que las graves falencias en la distribución de alimentos "de emergencia" destinados a familias rurales y urbanas en condición de pobreza y pobreza extrema, provoca que la ayuda alimentaria continúe sin llegar a las familias beneficiarias, agravando sus vulnerabilidades nutricionales en plena crisis por la pandemia del COVID-19.

Que resulta inaudito que después de seis meses de declarada la emergencia nacional e instaurado el estado de calamidad pública, las altas autoridades y las burocracias de los ministerios de Desarrollo Social y de Agricultura, Ganadería y Alimentación, no ejecuten los programas, a pesar de tener autorizados por parte del Congreso de la República, y situados en sus respectivas cuentas, Q. 700 millones para tal propósito.

Que, según informes parlamentarios, de 1 millón 200 mil familias beneficiarias, se han atendido únicamente a 86 mil, es decir, están fuera de cobertura casi el 93% de estas familias. Esto, en un contexto en el cual la desnutrición aguda aumenta riesgosamente y ya afecta a más de 30 mil nuevos niños, mientras que el riesgo del hambre impacta a más de 2 millones de familias.

Que, a la ineficiente gestión en la distribución de la ayuda alimentaria, se suman prácticas de opacidad en la compra de los alimentos. El caso de la ejecución de Q 14 millones para la adquisición de "galletas nutritivas" por parte del Fondo de Solidaridad, pocas horas antes de finalizar el estado de calamidad, ha despertado fundadas sospechas en la opinión pública: el evento de compra fue anunciado, resuelto y adjudicado en menos de 10 horas.

Reitera su recomendación:

Al Presidente y Vicepresidente de la República,

De que, en el marco de sus funciones y autoridad, intervengan de manera directa a efecto de que el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación cumplan con el mandato que les encomendó el Congreso de la República, distribuyendo eficaz y eficientemente los alimentos de emergencia destinados a las familias en condición de pobreza y pobreza extrema.


Guatemala, 2 de octubre de 2020

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