Considera:

Que los hermanos hondureños que huyen de la desigualdad social, la pobreza y la violencia criminal y doméstica en su país, no deben ser sometidos a tratos crueles o inhumanos en el territorio guatemalteco.

Que no son ellos los responsables de la incapacidad de sus autoridades para atender sus elementales necesidades. Tampoco es responsabilidad de los migrantes hondureños, la inhabilidad de las autoridades migratorias guatemaltecas de procesar ordenadamente el ingreso al país de personas que tienen derechos, en tanto son centroamericanos.

Que el Estado de Guatemala debe garantizar su integridad, dignidad y brindarles un trato humanitario. Esto es primordial, en particular, para las mujeres, niños y personas mayores que integran el segmento poblacional que en un elevado número ingresó hoy al país, en desesperada búsqueda de una vida digna.

Que garantizar la salud de los guatemaltecos y evitar la propagación de la pandemia del COVID-19 es una obligación del Estado guatemalteco, lo cual no le faculta a reprimir con fuerza policiaca o militar a los hermanos hondureños.

Que la Procuraduría de los Derechos Humanos reconoce la gravedad de la situación, que confirma las dificultades que enfrentan los países del norte de Centroamérica de abrir oportunidades de empleo, seguridad, salud y educación a sus ciudadanos.

Recomienda:

Al señor Presidente de la República, Ministro de Gobernación y Ministro de

Defensa Nacional,

Guatemala, 1 de octubre 2020.