Declaración del Procurador de los Derechos Humanos,

Jordán Rodas Andrade

Este 15 de septiembre, Guatemala conmemora 199 años de vida independiente, me parece propicio reflexionar sobre el tipo de Estado que hemos edificado, y sus efectos en el desarrollo y calidad de vida de las personas, así como los desafíos de un futuro incierto, marcado ahora por la crisis derivada de la pandemia del COVID-19.

La forma de organización del Estado, la distribución de poderes y su débil presencia en el territorio, han constituido barreras para el ejercicio de las libertades democráticas y el derecho de sus habitantes a gozar de una vida segura, digna y próspera; a la vez, han sido poco pertinentes para las formas propias de organización de los pueblos indígenas.

La debilidad institucional del Estado y su baja legitimidad social se han agudizado por la injerencia histórica en la toma de decisiones de poderes no estatales, algunos corporativos y otros, sobre todo en las últimas décadas, abiertamente ilícitos. La pérdida de autonomía ha divorciado la misión institucional de sus resultados, teniendo como efecto la baja calidad del gasto público. La combinación de fragilidad institucional y estrecha base fiscal, ha impedido al Estado cumplir su deber constitucional de tutelar los derechos de las personas y comunidades, y dotarse de recursos, procesos y personal profesional y pertinente.

Al no poder sostener el andamiaje de una República democrática, en el seno del Estado han surgido de manera recurrente fuerzas hostiles y actos contrarios a la legalidad. Ahora mismo, asistimos a eventos deliberados de cooptación del poder Judicial y tolerancia ante violaciones constantes de la Constitución Política de la República. Por eso, el desafío de Guatemala en las próximas décadas es superar la condición frágil del Estado, el cual no solo ha perdido soberanía sobre franjas apreciables de territorio y población –a costa de poderes criminales-, sino capacidades de prestación de servicios básicos, como educación, salud, seguridad e infraestructura.

También es un reto edificar una institucionalidad pública que corresponda al Estado democrático en una sociedad multiétnica, plurilingüe y multicultural, que no puede quedar reducida al convencionalismo republicano de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Debe innovarse institucionalmente, descentralizando y especializando, para responder de manera eficiente a las necesidades de las comunidades, así como al tratamiento eficaz de ingentes tareas pospuestas durante muchos años, como el hambre, la pobreza y las desigualdades sociales, étnicas, territoriales y económicas. Para lograrlo es imperativo que el Estado gane capacidades como buen redistribuidor fiscal y transformador de procesos, en especial de las tensiones que generan conflictos en la sociedad. Después de casi dos siglos de depredación humana, económica y ambiental, Guatemala aún guarda potencial para generar bienestar para sus habitantes, considerando su población joven y multiétnica, además de su ubicación estratégica y disposición de importantes recursos naturales.

El Estado independiente que Guatemala demanda, debe gestionar también temas globales, entre ellos, el cambio climático, las migraciones irregulares, las drogas ilícitas, pandemias devastadoras y nuevas formas de esclavitud humana en el siglo XXI, como la trata de personas. Para que la gestión de estos nuevos desafíos sea congruente con el interés nacional y los derechos de los habitantes, el Estado guatemalteco debe contar con servidores públicos profesionales, capaces de negociar en las entidades multilaterales y bilaterales, y además construir alianzas equilibradas y procesos de integración en Centroamérica. Estos retos nos llevan, finalmente, a retomar una tarea descuidada durante el periodo democrático: formar estadistas y líderes con visión global y de largo plazo.

Guatemala, 14 de septiembre de 2020

Jordán Rodas Andrade

Procurador de los Derechos Humanos