- El derecho humano a la alimentación, la salud, la educación y el empleo están siendo socavados por la combinación de los impactos de la pandemia del COVID-19 y la deficiente gestión gubernamental de los recursos extraordinarios aprobados para enfrentar esta emergencia, que equivalen al 3% de la actividad económica del país.
- En los primeros cinco meses del año se habían registrado 15 mil casos de desnutrición aguda infantil, esto es, más que la totalidad de casos que se presentaron en 2019. La población que requiere ayuda alimentaria de urgencia se ha duplicado en estos meses y alcanza a 1.2 millones de personas.
- A causa de la pandemia, la fragmentación y baja cobertura del sistema de salud pública, los servicios de prevención de desnutrición han dejado de funcionar con regularidad desde marzo cuando se declaró la emergencia, mientras que los servicios de atención a la salud materna e infantil se están prestando con enorme irregularidad.
- Alrededor del 70% de la población escolar en todos los niveles ha quedado excluida del sistema educativo porque carece de equipo de cómputo y conexión de internet. Con que se hubiese destinado un centavo de cada quetzal del presupuesto extraordinario aprobado para cerrar la brecha digital, esos niños, adolescentes y jóvenes habrían permanecido dentro del sistema educativo durante estos meses de confinamiento.
- Al finalizar el 2020 probablemente se habrán perdido 500 mil empleos, en la economía informal se estará refugiando hasta el 80% de la fuerza laboral (en la actualidad es el 70%), más de 300 mil personas caerán en condiciones de pobreza extrema y en total el 74.3% de la población estará en situación de pobreza y pobreza extrema, y las clases medias se habrán reducido. A inicios de 2021, unos 3.5 millones de guatemaltecos no tendrán ingresos suficientes para alimentarse.
- Los diez programas de ayuda en esta emergencia no han mitigado la crisis debido a su diseño defectuoso, limitados alcances, bajísima ejecución, un sistema de adquisiciones opaco y el uso clientelar en muchos municipios.
- A esta emergencia, que configura un cuadro de crisis humanitaria, se suma una deliberada crisis política y jurídica. El acceso a la justicia universal, pronta y cumplida se encuentra amenazado por el retardo malicioso en la integración de la Corte Suprema de Justicia y de Sala de Apelaciones, además que el empecinamiento en desobedecer las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad ha debilitado a extremos sin precedentes desde 1986 el Estado de derecho, forzando a la ruptura implícita del orden republicano.
- Las responsabilidades del comprometimiento del régimen constitucional recaen directamente en los más altos funcionarios de los tres poderes del Estado. La prolongación de esta crisis debilitará el orden democrático, despertará tensiones y conflictos sociales, y dejará un precedente nefasto de desestructuración de la arquitectura constitucional que hace casi 20 años fue la columna de soporte de la democracia, frustrando un golpe de Estado.
- Inevitablemente esta crisis político-jurídica repercutirá negativamente sobre las capacidades del Estado y de la propia sociedad para atender la ingente emergencia sanitaria y sus dolorosas secuelas sociales y económicas. Nuestros gobernantes están abriendo las puertas de la ingobernabilidad, llevándonos hasta un punto de no retorno.
- Está en las manos de las cúpulas de los tres poderes del Estado sacar a Guatemala de esta crisis política, y está en el reclamo democrático de la sociedad entera la única posibilidad de que quienes han jurado lealtad a la Constitución no la traicionen, y actúen con juicio y sensatez.
Guatemala, 11 de agosto de 2020