Manifiesta:

Que el Sistema de Alerta Sanitaria y Tablero de Restricciones detalla en los colores rojo, anaranjado, amarillo y verde que, a partir de la apertura de comercios, personas de 60 años de edad y más, no podrán ingresar a mercados, centros comerciales y restaurantes. Que estas restricciones indican que las autoridades gubernamentales no consideraron escuchar la opinión de las personas mayores, y reflejan desconocimiento sobre sus necesidades e intereses, y un equivocado tratamiento paternalista. Que esta disposición viola los derechos humanos de las personas de la tercera edad y provoca su aislamiento, acentuando la estigmatización, marginación y exclusión de las que han sido objeto. Que no debe olvidarse que las personas mayores son quienes han apoyado al desarrollo del país y que desde diferentes perspectivas continúan aportando.

Informa:

Que la Institución del Procurador de los Derechos Humanos, a través de la Defensoría de las Personas Mayores, ha recibido varias denuncias de personas mayores, en cuanto a los tratos que han recibido en establecimientos donde necesitan realizar trámites personales, los cuales constituyen un atropello a sus derechos, dignidad y libertades fundamentales. Que la defensoría de las Personas Mayores realizó incidencia ante el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil para que se garantice la atención de las personas mayores en los centros de emisión de licencias de conducir, y que continuará con la observancia e incidencia para hacer valer sus derechos.

Recuerda:

Que en la Resolución No. 1/2020, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas (numerales 38 y 39) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta a considerar enfoques diferenciados al momento de adoptar las medidas de atención, tratamiento y contención de la enfermedad, para garantizar los derechos de las personas en situación especial de vulnerabilidad. Que el Decreto 80-96, Ley de Protección para la Personas de la Tercera Edad, establece que las personas de 60 años y más tienen derecho a recibir un trato preferencial en instituciones públicas y privadas, cuando acudan a realizar trámites personales.

Recomienda:

Al Gobierno de la República,

Guatemala, 10 de agosto de 2020