Recuerda:
La Constitución Política de la República reconoce el trabajo como un derecho de la persona humana y una obligación social. El trabajo es un derecho esencial para el desarrollo de la persona, y se interrelaciona con varios derechos a efecto de que el trabajador pueda gozar de una vida digna. Se han registrado serios brotes de COVID-19 en varios centros de trabajo, y las personas trabajadoras han tenido que suspender sus actividades y, en algunos casos lamentables, han perdido la vida.Expresa:
En el marco de la reapertura económica ordenada por el Presidente de la República, algunos patronos han solicitado a sus trabajadores presentar constancias de no ser portadores del coronavirus, como requisito para continuar laborando. En la normativa que regula las relaciones laborales en la actual emergencia sanitaria (Acuerdo Ministerial 146-2020 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y Acuerdo Gubernativo 79-2020 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social), en las leyes ordinarias y reglamentos, nunca se ordena la acreditación o constancia por parte del trabajador a efecto de comprobar que no padezca de esta enfermedad. El Código de Trabajo, inspirado en el principio de igualdad, prohíbe cualquier tipo de discriminación; por lo tanto, solicitar dichas constancias puede acarrear sanciones de índole laboral, así como responsabilidad penal al tenor del Artículo 202 bis del Código Penal pues la acción u omisión que implique la distinción exclusión o restricción basada en enfermedad puede ser considerada delito de discriminación. La Organización Internacional del Trabajo ha emitido normas ante la pandemia por COVID-19, determinando que en prevención y protección contra la discriminación, la violencia, el acoso y protección de la privacidad, se deben adoptar disposiciones para proteger la privacidad de las personas trabajadoras y procurar que la vigilancia de su salud no sea utilizada con fines discriminatorios, lo cual es ratificado en el Convenio sobre la Discriminación en materia de empleo y ocupación, ratificado por Guatemala el 11 de octubre de 1960.Recomienda:
Al Ministro de Trabajo y Previsión Social,- Tutelar los derechos de las personas trabajadoras a efecto de que en el reinicio o en la relación laboral, no se les exijan constancias que violen su privacidad, y se empleen para discriminarlos.
- Dar seguimiento a las denuncias públicas y particulares que identifican centros de trabajo que están solicitando, como condición, dichas constancias a las personas trabajadoras, y considerar la aplicación de las respectivas sanciones, trasladando las causas, cuando corresponda, al Ministerio Público para su debida investigación.
- Coordinar de manera urgente con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a efecto de establecer la cantidad de personas trabajadoras y de qué empresas son enviadas a solicitar la constancia de no padecer COVID-19, además de solicitar el récord de constancias emitidas para ese fin a efecto de iniciar las diligencias respectivas.
- Respetar lo normado en la Constitución Política de la República, el Código de Trabajo y los convenios y tratados internacionales ratificados por el Estado de Guatemala, así como las normas dictadas por la Organización Internacional de Trabajo, y lo dispuesto por los ministerios de Salud Pública y Asistencia Social y de Trabajo y Previsión Social, a efecto de abstenerse de solicitar documentación que atente contra la intimidad y privacidad de los trabajadores.
- Promover la igualdad en los centros de trabajo y el pleno respeto de los derechos humanos y laborales de las personas trabajadoras.
Guatemala, 2 de agosto de 2020