Manifiesta:
El Presidente de la República y las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social decidieron a partir de este 27 de julio la reapertura de operaciones comerciales y económicas, la circulación del transporte público y la reanudación de actividades sociales y religiosas, bajo ciertos protocolos, en todo el territorio nacional. La base para adoptar tales disposiciones, sin embargo, es débil. El sistema de información para el registro de casos de COVID-19, en todas las escalas territoriales, es de dudosa fiabilidad. El rastreo y número de aplicación de pruebas sigue estando por debajo de un tercio del mínimo recomendado por los científicos, y no permite establecer con exactitud la cantidad real de personas contagiadas en cada demarcación geográfica. Pudiéndolo hacer, el Gobierno no preparó esta acelerada reapertura, con la responsabilidad y el profesionalismo que la crisis exige. Es contradictorio que mientras la mayoría de los municipios están en alerta “roja” (158) y “anaranjada” (109), las autoridades hayan encendido la luz “verde”. Además, es evidente la descoordinación del gobierno central con los gobiernos municipales, y la pobre organización logística para supervisar el cumplimiento de los protocolos. La saturación de los centros hospitalarios, las carencias de medicamentos, insumos y equipos de protección del personal de salud, están aún lejos de resolverse. Considerando lo anterior, la decisión gubernamental se puede calificar como precipitada y altamente riesgosa para la vida y la salud de la población, y de la propia economía. Durante el primer día de vigencia de las disposiciones dictadas el domingo 26 de julio en horas de la noche, se ha observado en todos los centros urbanos –principalmente en mercados y paradas de transportes extraurbanos- aglomeraciones de personas violando los protocolos. Como los propios expertos gubernamentales lo anticiparon, los contagios muestran una tendencia en aumento, previendo que se alcanzaría el pico en octubre próximo. El previsible incremento de los contagios puede adquirir desproporciones en las próximas semanas, y hasta generar una crisis humanitaria de escala sin precedente. El Gobierno de la República ha adoptado estas disposiciones bajo presiones y en un momento de baja legitimidad, dada la deficiente gestión de la crisis sanitaria, la ineficiencia de los programas de asistencia, la crisis del orden Constitucional que tiene su epicentro en el Congreso –pero que lo involucra- y el rechazo de las comunidades indígenas a la actitud del Presidente frente a autoridades ancestrales en San Juan Comalapa, el pasado 17 de julio. La reapertura acelerada que él dictó puede precipitar una crisis de gobernabilidad, dolorosa por la cantidad de vidas humanas que puede cobrar.Recomienda:
Al Presidente de la República y a las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,- Revisar las decisiones asumidas y promover una apertura pausada, en base a una estrategia realista, que incluya información epidemiológica fiable, superar las deficiencias del MSPAS, acuerdos con todas las autoridades municipales y planificación logística para el cumplimiento de los protocolos establecidos.
- Generar un clima de gobernanza en sus jurisdicciones a fin de adaptar las disposiciones centrales a las condiciones reales de cada municipio.
Insto:
Al pueblo de Guatemala,- A mantener sus propias medidas de prevención, en particular el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, la desinfección constante y el resguardo y protección entre las propias familias, barrios, comunidades, colonias y condominios.
Guatemala, 27 de julio de 2020