Manifiesta:
La no ratificación por parte del Congreso de la República del Estado de Sitio en cinco municipios de Alta Verapaz e Izabal, abre la oportunidad al Gobierno de la República de reenfocar la conflictividad social y los serios problemas de seguridad y tráfico de ilícitos en esa región, pues las medidas de excepción –como ésta- adoptadas en los últimos años por parte de diferentes administraciones han fracasado en la consecución de los objetivos propuestos. Los habitantes de los municipios de El Estor, Santa Catalina la Tinta, Panzós, Morales y Livingston, como tantos en la República, sufren el abandono del Estado: carecen de los servicios básicos de saneamiento, educación e infraestructura, están desprotegidos y no tienen acceso a la justicia. Son territorios con enormes riquezas naturales y ocupan una posición geoestratégica, por eso se han convertido en centro de disputas, abusos y criminalidad organizada, donde las poblaciones, particularmente Q´eqchi, Achí y Poqomchí, sufren permanentes y agudas violaciones de sus derechos a la seguridad física y jurídica, y al bienestar.Recomienda:
Al Presidente de la República,- No reincidir con otro acuerdo gubernativo de Estado de Sitio y, en cambio, conformar equipos intersectoriales de gobierno para tratar la problemática integral de esa región, acudiendo, como premisa, con actitud de escucha de las comunidades, y asumiendo compromisos que, aunque sean limitados, procuren seriamente restablecer la gobernanza en la región y la protección indispensable de los derechos humanos de todas las poblaciones.
Guatemala, 25 de julio de 2020