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16/19 PDH supervisará el respeto y garantía del derecho a la educación

Tal y como fue desarrollado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General 13 sobre el derecho a la educación, “la educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos.”[1] El Procurador de los Derechos Humanos resalta que la educación, es un derecho humano reconocido en una serie de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que contienen una serie de obligaciones y estándares mínimos que deben ser cumplidos por los Estados para el efectivo respeto y garantía del derecho a la educación. Respecto de la educación en Guatemala, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estima que 657.233 niñas y niños no asisten a la escuela primaria, correspondiendo al 26 % de la población entre los 7 y los 14 años de edad.[2]  Cada año 204,593 niñas y niños abandonan la escuela, equivalente al 12% de matriculados.[3] A pesar de los rezagos en materia de educación, Guatemala es uno de los países que menos invierte en esta importante área. El gasto en educación como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) de Guatemala es de aproximadamente 2.4%, en comparación al 4.4 % del promedio en América Latina.[4] Según el Ministerio de Educación (Mineduc), específicamente la Dirección de Planificación Educativa, durante 2018 la tasa neta de cobertura en preprimaria fue de 52.97 %, en primaria 77.65 %, básico 43.05 % y diversificado 24.74 %. Aumentar las tasas de cobertura es una de las prioridades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan Nacional de Desarrollo Katún 2032, la Política General de Gobierno 2016-2020 y el Plan Estratégico de Educación 2016-2020. El Plan Estratégico de Educación 2016-2020 estableció como meta que para 2020 la tasa neta de cobertura sería de 59.3 % en preprimaria, 88 % en primaria, 50 % en básico y 28 % en diversificado[5]. Actualmente está vigente la Política de Gratuidad de la Educación Pública y se ha constituido un fondo rotativo para gratuidad. En 2018, el 24.5% (9,373) de centros educativos no recibieron el aporte de gratuidad, según el MINEDUC las principales razones son: a) problemas presupuestarios con entes receptores de transferencias corrientes; b) toma de edificios de las DIDEDUC (huelgas magisteriales); y, c) limitaciones relacionadas con la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.[6]   Es preocupante que en algunos departamentos el porcentaje de centros educativos sin aporte de gratuidad sea tan alto, tal es el caso de Escuintla (60.2 %), Zacapa (47.8 %) y Huehuetenango (34.9 %). En 2017 el 25% (8,406) de centros educativos no recibieron este aporte de gratuidad, la mayoría porque no tienen Organizaciones de Padres de Familia (OPF). El 13% (1,805) de centros educativos de preprimaria y el 5% (823) de primaria no tiene OPF.[7] En 2016, derivado de las reformas realizadas al Decreto 57-92, Ley de Contrataciones del Estado, solo se pudo utilizar la modalidad con OPF. Sin embargo muchos establecimientos no contaban con ese tipo de organización; a junio de 2016 había 7,029 establecimientos sin OPF: 2,172 eran de preprimaria, 1,209 de primaria, 3,003 de educación básica y 645 de diversificado.[8] El papel decisivo que parecen cumplir las OPF en los establecimientos educativos se refleja en la ejecución presupuestaria. El no dotar de fondos para gratuidad a las escuelas provoca que se realicen cobros a la madre, padre o encargado de los niños y niñas. Durante enero de cada año la Procuraduría de los Derechos Humanos ha realizado monitoreos y supervisiones al sistema educativo y sus programas, con el objetivo de establecer la implementación del Programa de Gratuidad, condiciones de los establecimientos educativos, alimentación escolar, entre otros aspectos. Durante la supervisión de 2017 se pudo establecer:
  • De 213 centros educativos supervisados, 36 indicaron que sí se realiza un cobro por concepto de inscripción; del resto, los directores manifestaron que no se realizan cobros en ese sentido, ya que no están autorizados por el Ministerio de Educación, aunque aceptaron que son los padres y madres de familia que se organizan para colaborar económicamente y cubrir necesidades de los centros educativos.
  • La falta de los recursos económicos a principio de año repercute en la necesidad de establecer el cobro de “cuotas o aportaciones voluntarias”, situación que incide directamente en la economía de las familias guatemaltecas, particularmente aquellas con mayores niveles de pobreza.
El Mineduc, por medio de la Dirección General de Participación Comunitaria y Servicios de Apoyo (DIGEPSA), en 2018 registra que 28,731 centros educativos cuentan con (OPF), de los cuales 12,589 son de preprimaria y 16,142 de primaria. Los centros educativos que no cuentan con OPF son 1,711, de los cuales 1,306 son de preprimaria y 405 de primaria.[9]  Para la ejecución del programa de gratuidad, existen dos modalidades: uno es a través de las Organizaciones de Padres de Familia (OPF) y el otro, donde estas no existen, a través de entrega de insumos por parte de las Direcciones Departamentales de Educación (DIDEDUC).  Sin embargo, la ejecución de este programa a través de las DIDEDUC no es eficaz, muchos de los departamentos con la menor cantidad de OPF son también los que tienen menos ejecución presupuestaria. Según el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) hasta el 2 de enero de 2019 la cartera de Educación había ejecutado Q. 13,990 millones de su presupuesto; en primaria ejecutó Q. 2,001 millones; primaria Q. 8,959 millones; básico Q. 1,085 millones y diversificado Q472 millones. Para 2019 se presupuestó un aumento al gasto público destinado a educación; el cual pasó de Q17,558 millones en 2018, a Q20,115 millones en 2019 sin embargo, aún se está muy lejos de lo establecido en la Ley de Educación Nacional (7 % del PIB), en 2018 el porcentaje respecto al PIB fue de 2.98%, mientras que en 2019 será de 3.33%.[10] Entre enero y febrero de 2019 delegados del Procurador de los Derechos Humanos supervisarán las acciones emprendidas para el efectivo respeto y garantía del derecho a la educación; para el efecto se han conformado equipos multidisciplinarios a nivel nacional, que llegarán a las Direcciones Departamentales de Educación y diversos centros educativos  públicos para entrevistar a estudiantes, padres de familia, maestros y directores. En tal sentido, entre las acciones que efectuará el Procurador de los Derechos Humanos, con la colaboración de la Alianza Nacional de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva, la Nutrición y la Educación (ALIANMISAR) en ejercicio del principio de participación para garantizar la auditoría social, durante enero y febrero de 2019 están:
  1. Verificar la implementación en los centros educativos públicos de los programas de apoyo promovidos por el Ministerio de Educación.
  2. Establecer la cantidad de docentes que brindan educación bilingüe intercultural en los centros educativos públicos.
  3. Constatar la cantidad de docentes contratados por el Ministerio de Educación, en relación con la cantidad de alumnos, así como lo relativo al respeto de los derechos laborales de los mismos.
  4. Verificar las condiciones de educación inclusiva para las niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
  5. Constatar que a la población estudiantil le sea garantizada la gratuidad de la educación.
  6. Establecer las estrategias de prevención utilizadas por el Ministerio de Educación con el fin de evitar la inseguridad y violencia dentro y fuera de los establecimientos.
  7. Verificar las acciones de inclusión de niñas, niños, adolescentes y la no discriminación de la población estudiantil por su orientación sexual, identidad o expresión de género.
  8. Conocer las condiciones de la infraestructura de los centros educativos a supervisar.
  9. Verificar la accesibilidad al transporte público, distancias y costos para los padres de familia o encargados de los alumnos de centros escolares públicos.

Guatemala, 4 de febrero de 2019

  [1] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 13, el derecho a la educación, párrafo 1. [2] UNICEF. Situación actual de la educación en Guatemala. Disponible en: https://www.unicef.org/guatemala/spanish/resources_2562.htm [3] Ídem. [4] Ídem. [5] MINEDUC. Plan Estratégico de Educación 2016-2020 [6] MINEDUC. Oficio No. DIGEPSA-1496-2018. 26.10.2018. [7] Informe Anual Circunstanciado de Actividades y Situación de Derechos Humanos 2017 [8] Informe Anual Circunstanciado 2016 del Procurador de los Derechos Humanos [9] MINEDUC/DIGEPSA, Oficio No. DIGEPSA-196-2018, 26.10.2018 [10] PDH/DIDH con datos del BANGUAT, Fondo Monetario Internacional y SICOIN
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