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152/20 El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, recomienda a las autoridades pertinentes adoptar disposiciones para proteger de contagios del COVID-19 a la población privada de libertad –con prioridad a los grupos en riesgo- y a los guardias del sistema penitenciario y que los protocolos garanticen la certeza de las pruebas

Manifiesta:

Su solidaridad y condolencias con las familias de las personas privadas de libertad que han fallecido por COVID-19 en los distintos centros de detención; recientemente falleció, Martín Alejandro García Mejía, una persona privada de libertad en Mariscal Zavala debido a complicaciones respiratorias, autoridades no han confirmado si la causa de muerte fue por COVID-19. Que, mediante verificaciones y monitoreos, se ha constatado las precarias condiciones en las que permanecen tanto las personas privadas de libertad, como los guardias del sistema penitenciario (la mayoría carece de equipo de protección personal).

Reitera:

Algunas de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de abril pasado:
  1. Adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva, con el fin de identificar aquellos que pueden susceptibles de libertad condicional o arresto domiciliar, dando prioridad a grupos en riesgo, como personas mayores, con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir condenas.
  2. Adecuar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad, particularmente en lo que respecta a alimentación, salud, saneamiento y medidas de cuarentena para impedir el contagio intramuros del Covid-19. Garantizar en particular que todas las unidades cuenten con atención médica y proveer especial atención a las poblaciones en particular condición de vulnerabilidad, incluidas las personas mayores.
  3. Establecer protocolos para la garantía de la seguridad y el orden en las unidades de privación de la libertad, en particular para prevenir actos de violencia relacionados con la pandemia y respetando los estándares interamericanos en la materia. Asimismo, permanecer atentos a la veracidad de las pruebas del Covid-19, pues también se han detectado intentos de algunos privados de libertad de corromper los diagnósticos para favorecerse con medidas sustitutivas.
Guatemala, 14 de julio de 2020
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