15/19 A 39 años de la quema de la Embajada de España, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, expresa

El 31 de enero de 2019 se cumplen 39 años de la quema de la Embajada de España en manos de fuerzas del Estado. En dicho hecho 37 personas perdieron la vida; entre las víctimas mortales estaban funcionarios internacionales, líderes indígenas, obreros, cristianos, estudiantes de secundaria y universitarios que protestaban por la represión contra la población civil en aquel entonces y en específico denunciaban internacionalmente la situación que se vivía en el departamento de Quiché. Un hecho de esa magnitud representa un crimen contra toda la humanidad, ese es el problema y la indiferencia social ante esa situación, uno de sus efectos. El 3 de febrero de 1998, el Congreso de la República de Guatemala emitió el Punto Resolutivo NO. 6-98, en el que describe: “Que en el año de 1980, un grupo de campesinos hizo suyos los sufrimientos, necesidades y peticiones de la inmensa mayoría guatemalteca que se debate entre la pobreza y pobreza extrema, al tomar la Embajada de España con el único fin de que el mundo conociera su situación” y, finalmente, el 20 de enero de 2015, en el juzgado a cargo del caso, se dictó sentencia de condena contra el funcionario responsable de tan atroz hecho. Por unanimidad, las juezas Irma Jeannette Valdés, Sara Yoc Yoc y María Eugenia Castellanos determinaron que esta acción fue ejecutada por una estructura jerárquica y las órdenes emanaron desde niveles superiores del Estado. Al reflexionar acerca de este día, el Procurador de los Derechos Humanos señala que la población indígena, en especial, sigue padeciendo de la desatención del Estado y continúan las deficiencias en los servicios públicos de educación, salud y acceso a la justicia, lo que sin duda provoca pobreza y pobreza extrema en las comunidades; debido a esta razón insta al Estado a restituir y garantizar los derechos humanos de todos los habitantes de Guatemala. Cómo Estado, si luchamos contra la pobreza y contra la corrupción, muchos de los males coyunturales y estructurales pueden ser erradicados. Si hacemos todo lo contrario, condenamos a nuestros hermanos. Como sociedad, la importancia de tener memoria histórica no solo radica en que las graves violaciones a los derechos de las personas no vuelvan a ocurrir, sino en obtener un aprendizaje social de todo lo sucedido. No se trata solo de lamentarnos, lo cual es un derecho que se quiere quitar a la población; sino también, de plantear políticas de Estado que nos aseguren un camino hacia el desarrollo. Es necesario que los casos judiciales que conocen los administradores de justicia continúen y se deduzcan las responsabilidades correspondientes contra los autores intelectuales y materiales de los hechos suscitados en el Conflicto Armado Interno y avanzar así en la Justicia Transicional que emana de la rendición de cuentas y la reparación para las víctimas, reconociendo su dignidad como ciudadanos y seres humanos. Un caso sucedido el día de hoy o hace 31 años es igual de importante para el sistema de justicia y para los familiares de las víctimas. El llamado a cambiar de página y seguir adelante o amnistiar ese tipo de hechos es impunidad disfrazada.

Guatemala, 31 de enero de 2019.