145/20 El Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas Andrade, presenta el décimo informe sobre la situación de Trata de Personas en Guatemala en el cual realizar una evaluación de las acciones realizadas por el Estado de Guatemala en la prevención, atención, protección y acceso a la justicia de las víctimas de trata; desde el enfoque de derechos humanos.

Para la elaboración de este informe situacional, se consideró el “Informe sobre la trata a nivel internacional”, elaborado por la Oficina de Monitoreo y Combate de la Trata de Personas (TIP) del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, el cual tiene como fin concientizar a los gobiernos de todo el mundo para la realización de acciones para combatir la trata de personas; asimismo dicho documento permite también el intercambio de experiencias entre países para la formulación de estrategias conjuntas. En el caso de Guatemala, según el Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos de 2019, no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata; pero realizó importantes esfuerzos en general en comparación con el periodo del informe anterior, por lo que ascendió al Nivel 2. Para ascender a esta categoría, Guatemala permaneció en la Lista de Vigilancia por dos años consecutivos, lo cual implicó que no cumplió con lo mínimo para la eliminación de la trata de personas. Pero se valoraron los esfuerzos para investigar a más tratantes, dedicar más recursos para aumentar la capacidad judicial y para enjuiciar fuera de la capital, identificar y brindar servicios a más víctimas, aumentar los fondos destinados a los servicios para víctimas, establecer varios protocolos nuevos para la identificación y la asistencia de víctimas y lanzar varias campañas nuevas de concientización, inclusive para poblaciones vulnerables. Señala que el Estado no desempeño en varios aspectos importantes su función: enjuició y condenó a menos tratantes; no abordó los problemas de fondo en los albergues nacionales que atienden a niñas, niños y adolescente (NNA) víctimas de la trata; remitió solo al 64% de las víctimas para que recibieran atención, y los servicios de atención especializada para las víctimas siguieron siendo insatisfactorios debido a la magnitud del problema y la carencia de servicios para las víctimas adultas. El Departamento de Estado recomendó al Gobierno de Guatemala investigar los delitos de trata con mayor énfasis en trabajo forzoso y revisar los estándares y operaciones de los hogares que brindan asistencia a las víctimas de trata. Además, investigar y enjuiciar a los funcionarios del gobierno por la complicidad en la trata. Como parte de las estadísticas, durante 2019 el Ministerio Público detectó 596 posibles víctimas de trata de personas; en comparación con 2018 se registró un aumento de 118 víctimas detectadas, si bien existió un aumento en las víctimas detectadas, este no resulta significativo con la realidad y contexto del país, en donde el trabajo infantil y la explotación de las personas se ha normalizado y peor aún, se ve como una forma de sobrevivencia, ante las pocas posibilidades de que las personas accedan a condiciones de vida digna y que les permita el pleno goce y disfrute de sus derechos humanos. En cuanto a la situación de las mujeres, continúan siendo el grupo de mayor riesgo, ya que en 2019 se registró un incremento del 29.04% (88) de mujeres posibles víctimas detectadas en relación con el 2018, en el caso de los hombres, en 2019, se registró un aumento del 28.93% (46) de hombres posibles víctimas con relación a los datos reflejados en el 2018. La niñez y adolescencia continúa en una situación de vulnerabilidad ante violaciones a sus derechos humanos, siendo la trata de personas una de las que más daños causa a su integridad física y emocional, en total fueron detectados 196 NNA posibles víctimas de trata de personas, que representan el 33% del total de víctimas detectadas por el Ministerio Público en 2019. En ese sentido, si bien Guatemala por medio de su institucionalidad, ha procurado acciones para el combate de la trata de personas, es necesario que priorice la eliminación de la corrupción que existe en la misma, ya que solo de esa manera podrá ir atacando las causas históricas que provocan la desigualdad, violencia, explotación y la trata de personas; por lo que el Procurador de los Derechos Humanos recomienda la continuidad de acciones con mayor ímpetu y que las mismas sean dirigidas a toda la población, sin distinción de sexo, género, edad, etnia u otra condicionante; haciendo énfasis en las poblaciones que tienen mayor vulnerabilidad.

Guatemala, 1 de julio de 2020