Señor Presidente del Congreso de la República Señoras y señores miembros de la Junta Directiva Señoras y señores diputados Miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en Guatemala; Miembros y representantes de Organismos Internacionales; Representantes de las organizaciones de la sociedad civil; Autoridades Indígenas Ancestrales Compañeras y compañeros de la Procuraduría de los Derechos Humanos; Amigos de los medios de comunicación Pueblos de Guatemala;   Según la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República de Guatemala y del Procurador de los Derechos Humanos, me confieren el mandato de ser un comisionado para la defensa y protección de los Derechos Humanos, teniendo las facultades de supervisar la administración y anualmente rendir Informe circunstanciado de actividades y de la situación de los derechos humanos, para lo cual me presento el día de hoy, dando cumplimiento a lo establecido. Agradezco profundamente la invitación al Pleno del Congreso, porque denota un interés en conocer la situación de los derechos humanos en Guatemala. Considero oportuno que, a cinco meses de llevarse a cabo las elecciones generales, este informe sirva como una orientación para que las organizaciones políticas, establezcan como prioridad los derechos humanos en sus planes de gobierno.
  1. Estoy plenamente convencido de que, a más corrupción, menos derechos humanos. La corrupción: “… socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos…, menoscaba la calidad de vida” teniendo un impacto negativo en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales tal y como se reconoce en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Por eso es alarmante que en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, dado a conocer ayer, reveló que Guatemala está calificada con apenas 27 puntos sobre 100 y ha caído a la posición 144 de 180 países analizados.
  2. En Guatemala existen leyes vigentes, mas no positivas, como el caso de la Ley General de Descentralización. Seguimos en un Estado centralizado, cuya la finalidad es mantener el control y poder político, lo que ha generado profundas disparidades, y tiene como efecto la pérdida de oportunidades para alcanzar un desarrollo digno de todos los habitantes de los 340 municipios de Guatemala.
La responsabilidad de este desequilibrio recae en el gobierno central y las municipalidades, pues la ley establece claramente que el traslado de competencias y recursos puede ser de doble vía. Pero ni el Ejecutivo actúa, para no perder el control clientelar, ni las municipalidades solicitan, para no asumir los desafíos, manteniéndose en una zona de confort. Contribuiría grandemente a corregir tales fallas, la aprobación de nuevas leyes y su implementación, siendo el caso de la Ley General de Aguas y el Código Tributario Municipal, asignaturas pendientes desde la entrada vigencia de la Constitución Política de la República de Guatemala, hace ya 33 años.
  1. Muy importante para garantizar la certeza de la inversión privada, y que no esté sujeta a contratiempos, es el fiel cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, ya que desafortunadamente ha sido una constante, autorizar los proyectos, especialmente extractivos, sin la debida consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas.
  2. Honorable Pleno, ahora se habla prolijamente sobre la prisión preventiva y el retardo en los procesos judiciales, pero todos sabemos que esta es una herencia que venimos arrastrando desde hace décadas y que han sufrido las personas de condición más humilde. Son demasiados los casos documentados en que las personas privadas de libertad cumplen la pena máxima que les correspondería, sin haber sido escuchados por un juez. Esta concepción punitiva de la justicia viola los derechos humanos y debe ser reformada, además, bajo la apremiante necesidad del sistema de justicia de procesar casos complejos de estructuras criminales.
Por otro lado, no podemos perder de vista la poca inversión en la justicia y la impostergable necesidad de fortalecer financieramente al Ministerio Público, a fin de garantizar progresivamente su presencia en todo el territorio nacional. Por el alto índice delincuencial que nos azota, se ha instalado la errónea percepción de que la única justicia es la penal. Esto, naturalmente, contraviene la realidad en la cual el derecho laboral, el derecho civil, el derecho agrario, son también parte fundamental de nuestro ordenamiento jurídico. Sin acceso a la justicia no hay derechos humanos, ni desarrollo integral para la mayoría de las y los guatemaltecos; por eso fue una oportunidad perdida la reforma al sistema de justicia para, verdaderamente, aspirar a construir un sistema de justicia independiente. Sinceramente espero que esa agenda pospuesta sea retomada pronto por la sociedad y sus autoridades.
  1. Es fundamental reconocer y respetar la dignidad de nuestros policías civiles. Preocupan las condiciones precarias en las que deben prestar su valioso servicio. Es preciso poner atención al desmantelamiento de un esfuerzo sostenido durante años para fortalecer y profesionalizar la Policía Nacional Civil y que se reflejaba en la disminución de los índices de homicidios y en una mejor calificación ciudadana sobre el desempeño de la institución.
  2. Se debe tener muy presente, al tenor del artículo 46 de la Carta Magna, en materia de Derechos Humanos, que los tratados y convenciones, aprobados por el Honorable Congreso de la República tienen primacía sobre el Derecho Interno, lo cual amplía el ámbito de protección de los derechos humanos de todas las personas, sin distinción alguna, y sin importar su nacionalidad.
  3. El Estado debe garantizar la vida y la seguridad de todos los habitantes de la República. Pero en el último año fueron asesinados más de 20 defensores de derechos humanos, y la mayoría de los casos sigue en la impunidad, ante la indiferencia estatal en atención de las víctimas, investigación y persecución penal.
“Las y los defensores de derechos humanos son un pilar esencial para el fortalecimiento y consolidación de las democracias, ya que el fin que motiva la labor que desempeñan incumbe a la sociedad en general, y busca el beneficio de ésta. Por tanto, cuando se impide a una persona la defensa de los derechos humanos, se afecta directamente al resto de la sociedad.” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015). El 2018 estuvo marcado, además, por el incumplimiento por parte del Estado de Guatemala de los compromisos adquiridos en el Examen Periódico Universal, relacionados con la implementación de mecanismos de protección a los periodistas, así como el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos, sobre la implementación de la política pública para defensores de derechos humanos.
  1. La migración no es el problema en sí mismo, es la consecuencia de la falta de oportunidades de una vida digna en nuestro país. A la gente no le es fácil dejar a sus familias. La migración desarticula las comunidades. La aspiración al “sueño americano” se convierte muchas veces en una pesadilla, que tiene nombres y apellidos, como el caso de la niña Jakelin Caal Maquin, muerta en de diciembre de 2018 y, pocos días después, Felipe Gómez, de apenas 8 años. Son dos ejemplos cercanos de víctimas inocentes de la indiferencia estatal y del preocupante cierre de oportunidades de realización para los habitantes de la República.
  2. En nuestro país prevalecen altas tasas de desnutrición: casi 1 de cada 2 niñas y niños menores de 5 años padecen de desnutrición crónica, provocándoles daños fisiológicos y cognitivos irreversibles. Combatir la pandemia de la desnutrición debe de ser una prioridad de política de Estado, abordada integralmente, es decir, contemplando los aspectos sanitarios, educativos y de producción sostenible.
  3. Son alarmantes las altas cifras de embarazos en niñas y adolescentes. Las autoridades competentes invisibilizan esta cruda realidad sin reacción alguna. Es importante implementar procesos de educación integral en sexualidad. No se vaya a malinterpretar, no hablo de aborto.
  4. Como procurador de los derechos humanos promuevo la vida y, en ese sentido, considero que sería un gran legado abolir la pena de muerte. El propio jefe de Estado del Vaticano, su Santidad el Papa Francisco, ha modificado incluso el catecismo, manifestando claramente que es inadmisible la pena de muerte.
  5. El 2018 fue marcado también por la estigmatización y discriminación de las personas LGBTIQ, siendo necesario la implementación de políticas públicas que les permitan incorporarse plenamente a la sociedad en condiciones de libertad e igualdad.
  6. La violencia contra las mujeres tiene distintas manifestaciones: psicológica, física, sexual y económica. Tristemente la violencia económica contra las mujeres se ha incrementado de manera desproporcionada. Hay que reconocer que hubo avances en la justicia especializada y en de la cultura de denuncia. El Organismo Judicial y el Ministerio Público fortalecieron la atención de víctimas y el Sistema Nacional de Información de Violencia Contra las Mujeres; sin embargo, esta justicia especializada actúa a posteriori. Es indispensable fortalecer políticas, programas y acciones de prevención de la violencia, que sin duda tienen en la educación un pilar fundamental.
  7. Se ha debilitado la institucionalidad en favor de las mujeres, al no reestablecerse el proceso participativo para el nombramiento de las titulares de SEPREM y DEMI, así como la falta de cumplimiento en el traslado de fondos para los centros de apoyo integral para mujeres sobrevivientes de violencia. Guatemala aún está pendiente de ratificar el convenio 189 de la OIT referente a las personas trabajadoras del hogar.
  8. Siendo la juventud la mayoría de la población en nuestro país, la desaparición del gabinete específico representa un retroceso, pues debilita las políticas y programas públicos en favor de las y los jóvenes. El abandono, la falta de oportunidades y muchas veces la criminalización de los jóvenes que habitan los barrios marginales, constituyen un incumplimiento grave de la misión del Estado de proteger la vida y la familia, que, además, tiene graves consecuencias, ahora y en el futuro, para la paz social y el bienestar de los habitantes de la Nación.
  9. Las personas mayores se encuentran en el olvido, fuera del sistema de previsión y seguridad social, por eso es necesario fortalecer el Programa de Aporte Económico al Adulto Mayor.
  10. También es indispensable enfocarse en garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad, a fin de lograr su inclusión y participación plena en las actividades sociales y económicas, condición indispensable para alcanzar una vida digna e independiente.
  11. La inversión social debe aumentarse, para mejorar las condiciones de vida de la población en general. El presupuesto en Educación es uno de los más bajos en América Latina; la matrícula al nivel primario disminuyó en el año 2018, y aumentó la deserción y el fracaso escolar. Es de valorar positivamente el incremento al presupuesto en la educación pública para el presente año. Aunque es todavía un reto garantizar la educación bilingüe intercultural.
  12. La salud debe atenderse integralmente, desde políticas preventivas, hasta eficientes procesos de adquisición de medicamentos e insumos, pasando por mejorar el sistema de atención hospitalaria, el equipo, la infraestructura y los recursos humanos. He recorrido las 22 cabeceras departamentales, supervisando la administración pública y pude constatar fehacientemente que la atención en la red hospitalaria es precaria, por más buena voluntad que tengan los trabajadores del sistema; las instalaciones se encuentran en malas condiciones, y a pesar de contar muchas veces con abastecimiento, faltan medicamentos e insumos de alta rotación. Así también debe aumentarse el personal médico y paramédico, y retribuirles con salarios dignos y justos.
  13. En cuanto a la atención y gestión de riesgos por parte de las autoridades, el año 2018 estuvo marcado por la tragedia del volcán de Fuego que puso al descubierto la baja capacidad institucional del Estado para prevenir, reaccionar y atender a las víctimas de un fenómeno natural, que es inevitable pero también mitigable.
  14. En cuanto al Derecho al Trabajo, la tutelaridad que debe caracterizar al mismo en favor de las personas trabajadoras se sigue contraviniendo y se ha agudizado debido a la falta de control por parte de las autoridades correspondientes. En el año de referencia, los derechos laborales tuvieron como colofón un histórico y nefasto congelamiento del salario mínimo, que, en muchas ocasiones, resulta ser el salario máximo de los trabajadores.
  15. Hace 16 meses este Honorable Pleno me eligió como su comisionado de los Derechos Humanos, confianza política que valoro y reconozco y que, en lealtad plena a esa delicada delegación, debo ejercer con independencia, fiel a los principios de la Constitución Política de la República.
  16. En consecuencia, debo alertar a este Honorable Pleno acerca de los graves retrocesos en materia de derechos humanos que hemos registrado durante 2018. Por un lado, desde el Estado se ha instalado, tolerado e instigado un discurso del odio, antagonista y descalificador hacia quien piensa diferente, disiente del sistema, ejerce su derecho a la crítica y defiende sus derechos garantizados por la Constitución. Este ambiente de tensión e incertidumbre hace daño a la convivencia pacífica entre guatemaltecos, pues exacerba la intolerancia y agrede la dignidad humana.
  17. Por otro lado, desde el Estado, también, se ha atacado y neutralizado al único instrumento de cooperación internacional eficaz, hasta ahora, en la lucha contra la corrupción y la impunidad, la CICIG, a la vez que se promueven normas retardatarias, encaminadas a tolerar la corrupción y el crimen, y a superar el pasado doloroso de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado interno. El sabotaje a la lucha contra la corrupción y el crimen, es también un sabotaje a la prevalencia de los derechos humanos. Esa obstrucción a la lucha contra la corrupción y la impunidad tiene, además, implicaciones en el derecho internacional, al incumplir el Estado compromisos voluntariamente asumidos.
  18. En tercer lugar, el antagonismo político e ideológico ha profundizado la ya baja capacidad del Estado para mejorar el cumplimiento de la ley, la prestación de servicios públicos y el buen gobierno, esa indispensable comunicación de doble vía entre autoridades y ciudadanos. La lucha contra la corrupción y por el respeto de los derechos humanos, a pesar de los obstáculos, alcanzó notables avances en las últimas dos décadas, pero que ahora están en riesgo. Por eso exhorto a este Honorable Pleno a apoyar decididamente las causas en contra de la corrupción e impunidad, que es la causa de los derechos humanos, el bienestar y la paz en la República.
  19. Por último, no está de más subrayar que los retrocesos institucionales y programáticos en el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales de respeto de las libertades civiles y políticas, repercuten negativamente en la calidad de vida de los habitantes, en la paz social y en los indicadores clave del desarrollo y el crecimiento económico.
Antes de entrar al detalle del presente informe, les comparto que el mismo fue entregado ya a la Comisión de Derechos Humanos, haremos llegar una copia digital a cada uno de ustedes, honorables diputados del Congreso de la República de Guatemala.

Guatemala, 30 de enero de 2019