Expresa:

En apego al cumplimiento del mandato constitucional, realiza supervisiones y monitoreos a los servicios de salud, tanto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) como del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), para verificar la calidad de la atención, así como el acceso a medicamentos antirretrovirales y con ello que se garantice el derecho a la salud de la población. Derivado de los hallazgos, ha planteado acciones constitucionales de Amparo, en la búsqueda de garantizar la atención especializada a personas que viven con VIH y VIH avanzado.[1] La Defensoría de la Salud, por medio de las acciones institucionales, identificó que durante 2018 en el país, había un acumulado de 36,949 casos de VIH y VIH avanzado, de estos el 59 % corresponde a personas de sexo masculino mayores de 15 años y 34.55 % a personas del sexo femenino mayores de 15 años; el 6.45 % corresponde a menores de 15 años.[2] Del total de casos acumulados, únicamente 17,418 personas con VIH y VIH avanzado reciben tratamiento con antirretrovirales por parte del Ministerio de Salud, a través de sus servicios especializados. El IGSS provee tratamiento a 3,051 personas con VIH y VIH avanzado.[3] En lo que respecta a niños y adolescentes hasta los 19 años, reciben tratamiento con antirretrovirales 1,233 personas.[4] Esta situación evidencia una enorme brecha en el acceso a medicamentos antirretrovirales, ya que no se atiende con medicamentos al 45 % de las personas que viven con VIH y VIH avanzado. El MSPAS, como ente rector de la salud pública, solamente cubre al 47.14 % de las personas que viven con VIH y VIH avanzado y el IGSS al 8.25 %.[5]

Reitera:

La recomendación realizada al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es urgente un enfoque de prevención y promoción de la salud en materia de VIH, tomando en consideración lo establecido en el Decreto No. 27-2000, Ley General para el Combate del VIH y Sida y de la Promoción, Protección y defensa de los Derechos Humanos ante el VIH/SIDA.[6] Y en el marco de esta conmemoración, destaca que es importante para el Estado de Guatemala el fortalecimiento sostenido a las comunidades y el fomento de la participación comunitaria, generando resultados positivos medibles y con esto una mejor respuesta al combate del VIH; puesto que, desde la misma base comunitaria, puede propiciarse la incorporación, no solo de la prevención si no de la educación, desde la perspectiva de género, el respeto a la diversidad sexual, la percepción de riesgo e incluso la concientización acerca de temas como la violencia, promoviendo resultados positivos y medibles.

Recomienda al Estado de Guatemala:

Guatemala, 6 de diciembre de 2019

[1] Acción Constitucional de amparo: expedientes número: 16-2012, 9-2016 y 3216-2018. Los 3 amparos fueron interpuestos en contra del IGSS, en resguardo de los derechos de las personas que viven con VIH/SIDA. [2] Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Vigilancia Epidemiológica del VIH. [3] Ibíd. [4] Ibíd. [5] Programa Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH y Sida del MSPAS. [6] Procurador de los Derechos Humanos (2019). Informe Monitoreo a la Atención que reciben las personas que viven con VIH.