Expresa:

Su indignación, condena y rechazo categórico porque la violencia estructural y misógina continúa ensañándose contra la vida de niñas, adolescentes y mujeres en todo el país. Es inaceptable y un absoluto escándalo que en los 193 días transcurridos de 2021, 280 guatemaltecas de todas las edades han sido víctimas de muertes violentas y femicidios.

Manifiesta:

Su profunda preocupación porque estos crímenes evidencian la ausencia de políticas de prevención de la violencia y la débil investigación y capacidad de protección que alientan la impunidad de la violación del derecho a la vida, consagrado en la Constitución Política de la República y de las Convenciones de Derechos Humanos de las que hace parte el Estado de Guatemala.

Recuerda:

Que, en concordancia con los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará", y en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y sus respectivas recomendaciones, el Estado de Guatemala tiene la obligación de garantizar la eficaz implementación de mecanismos institucionales que impidan la violación de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres, así como de asegurar el cumplimiento de la debida diligencia para investigar y sancionar a los responsables de los hechos de violencia, a fin de erradicar su impunidad.

Recomienda:

Al Gobierno de Guatemala,

-Asignar los recursos suficientes para garantizar el funcionamiento y las condiciones para operar con la debida diligencia de la institucionalidad en materia de investigación y justicia en casos de violencia contra las mujeres, incluyendo la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y el Organismo Judicial.

-Garantizar la asignación y el desembolso oportuno de recursos a los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (CAIMUS) para que todas las mujeres tengan acceso gratuito a servicios integrales de atención psicológica, médica y legal.

Al Ministerio de Gobernación,

-Garantizar la disponibilidad suficiente de agentes de la PNC para el resguardo de la vida, la integridad y dignidad de las mujeres. Asimismo, capacitar al personal de la Policía en derechos humanos de las mujeres y reforzar su obligación de actuar con la debida diligencia ante los hechos de violencia.

-Fortalecer la actuación de la PNC en todo el territorio nacional, garantizando medidas integrales de prevención y protección para el resguardo de la vida, la integridad y la dignidad de las niñas, las adolescentes y las mujeres.

-Garantizar el presupuesto suficiente para que el personal policial pueda actuar con la debida diligencia ante las Alerta Alba-Keneth y Alertas Isabel-Claudina que se activan.

Al Ministerio Público,

-Investigar con eficiencia los delitos de femicidio y muertes violentas de mujeres y presentar a todos los responsables ante los tribunales. A la vez, fortalecer las líneas de investigación y de análisis criminal para combatir eficazmente los actos de violencia contra las mujeres, incluyendo la localización de niñas, adolescentes, mujeres jóvenes, mujeres adultas y mayores que han sido reportadas desaparecidas.

Al Organismo Judicial,

-Asegurar que los autores de los delitos de violencia contra la mujer y femicidios sean enjuiciados y sancionados, en concordancia con el marco jurídico nacional e internacional.

Exhorta:

A la sociedad en general,

-Demandar justicia para las mujeres víctimas de violencia y femicidios, colaborando con todas las pesquisas de las instituciones de seguridad y de justicia. Al mismo tiempo, erradicar prejuicios, creencias y prácticas que tienden a despreciar la vida, el cuerpo y la sexualidad de las niñas, las adolescentes y las mujeres.

Guatemala, 13 de julio 2021.