Expresa:
Que mediante la Resolución 66/127, adoptada el 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Que el maltrato de las personas mayores es un problema con frecuencia invisibilizado, y eludir su tratamiento genera consecuencias severas en la salud física y mental, propiciando, además, la impunidad de los perpetradores, condición que puede verse agravada en la crisis del COVID-19. Que es indispensable incluir a las personas mayores en las políticas y acciones del Estado, más allá de los programas asistencialistas, bajo un enfoque de derechos, y sin distinción de raza, religión o sexo. El Estado debe proteger el pleno goce de derechos de las personas mayores, en especial durante el actual confinamiento.Recuerda:
Que el artículo 51 de la Constitución Política de la República, establece que el Estado protege la salud física, mental y moral de las personas mayores y garantiza su derecho a la alimentación, salud, educación, seguridad y previsión social. Que el artículo 11 de la Ley de Protección para la Personas de la Tercera Edad (Decreto 80-96), indica que las personas mayores que sean objeto de malos tratos, ofensas, humillaciones o lesiones tienen derecho a solicitar protección ante la autoridad competente, y se les debe atender con prioridad. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha resaltado que “los Estados deben adoptar y fortalecer todas las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y de cualquier otra índole, a fin de garantizar a las personas mayores un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos; incluyéndolas de manera prioritaria y adecuada, en sus planes de contingencia”. Que, además, es causa de preocupación el riesgo de incremento de la violencia de género, maltrato y negligencia contra las personas mayores durante el aislamiento que supone el actual periodo de pandemia.Recomienda:
Al Gobierno de la República: Implementar los mecanismos que permitan abordar plenamente la problemática de maltrato que afecta a las personas mayores, promoviendo la prevención del maltrato en sus diferentes formas: violencia física y psicológica, abandono, negligencia, abuso financiero/patrimonial, abuso sexual y cualquier otra práctica que menoscabe su dignidad. Adoptar las recomendaciones de la CIDH, en particular:- Disponer las medidas necesarias a fin de evitar contagios, priorizando su atención médica.
- Garantizar el acceso de las personas mayores a los servicios públicos y bienes esenciales con un trato diferenciado y preferencial, identificando y eliminando obstáculos, considerando la brecha digital.
- Reforzar medidas de supervisión y vigilancia para evitar la violencia y negligencia contra las personas mayores.
Guatemala, 15 de junio de 2020