- La desnutrición crónica de la niñez es uno de los problemas más apremiantes y que mayores consecuencias negativas de índole social y económica acarrea a corto, mediano y largo plazo, tanto a la población directamente afectada por este flagelo como a la sociedad en general. Además, enfrentarlo de manera decidida es un imperativo ético y moral, y, por tanto, debe otorgársele altísima prioridad en la agenda del Estado. No obstante, los resultados de los programas oficiales son más que desalentadores; mientras, el reciente dictamen de la Comisión de Finanzas del Congreso, de manera insensata, reduce las asignaciones correspondientes a 2020.
- Para tener efecto en la reducción de la desnutrición crónica de manera sostenible, las políticas públicas deben asegurar que las instituciones del Estado, del sector privado y otros organismos no gubernamentales desarrollen intervenciones simultáneas y sinérgicas en estos cuatro ámbitos de la seguridad alimentaria y nutricional: acceso, disponibilidad, consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos. Solo así se dará sostenibilidad a los esfuerzos que pueda hacer el sistema público de salud con la promoción, prevención e intervención temprana en niñas y niños con desnutrición crónica.
- Por tanto, exhorta, de manera vehemente, al Pleno del Congreso de la República que rechace el dictamen de la Iniciativa de Ley 5610, y a la vez el Procurador de los Derechos Humanos, hace un llamado público a las autoridades electas del gobierno central, instándolas a que otorguen la mayor de las prioridades a este problema, fortaleciendo la institucionalidad responsable y la ejecución eficiente de los programas.
- En tal sentido, subraya que la Ley Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional promovió la integración del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASAN), en la que convergen todas las entidades corresponsables de tratar el problema. El SINASAN demanda liderazgo y soporte del más alto nivel en todos los organismos del Estado, principalmente en el Organismo Ejecutivo.
- La visión de seguridad alimentaria y nutricional para abordar la reducción y prevención sostenible de la desnutrición crónica de la niñez y de otros grupos vulnerables demanda ampliar el alcance de las intervenciones convencionales. Requiere la decisión de coordinar políticas económicas y agropecuarias que garanticen el acceso y disponibilidad de los alimentos, que deben complementarse con políticas de salud, educación, protección social y ambientales. Es vital garantizar la sostenibilidad y calidad de los suelos para la producción de alimentos, de los bosques y el agua, e impulsar políticas sanitarias y de acceso a agua potable para crear entornos más higiénicos.
- En concordancia con el principio de progresividad, consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), adoptar medidas económicas y técnicas para lograr garantizar el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, para sí y su familia, incluida la alimentación, vestido y vivienda adecuadas.
Guatemala, 24 de noviembre de 2019.