La propuesta del Presupuesto 2020 es una amenaza a los derechos humanos.
Es preocupante la sobreestimación de la recaudación de 2020; se espera un aumento de Q. 1,050 millones más sin contar con sustento técnico; esta situación afectaría directamente la prestación de servicios públicos esenciales a la población que más los necesita, como salud, educación, prevención de la violencia, entre otros. Con criterios poco transparentes se asignaron Q142.5 millones a 22 ONG, la mayor parte de ellas sin trayectoria pública o de reciente creación.
Hay reducción del presupuesto en varios programas de inversión social que afectan a la población en general, pero principalmente a la niñez y a las mujeres.
Entre estas situaciones se debe mencionar:
- Reducción del presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), afectando programas relacionados con tuberculosis (-41%), recuperación de la salud (-17%) y mortalidad materna y neonatal (-14%), desnutrición crónica (-10%).
- Reducción del presupuesto para educación, principalmente en preprimaria (-5%), básicos (-9%) y diversificado (-27%), educación extraescolar (-68%) y educación inicial (-29.7%).
- Disminución del presupuesto en el tema de seguridad alimentaria nutricional; SESAN (-37%), MAGA (-20%) y MIDES (-37%).
- 65% menos para programas del Fondo de Vivienda.
- Debilitamiento de instituciones de protección a las mujeres: Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia –CAIMUS– (-97%) y SEPREM (-13%).
- El Ministerio de Gobernación permanece prácticamente con el mismo presupuesto de 2018.
El Congreso pone en riesgo la defensa y protección de los derechos humanos y busca restar independencia al PDH. Por medio del Acuerdo Legislativo 13-2019, se busca reducir el presupuesto de la PDH en Q. 20 millones, asignándole para 2020 Q. 100 millones. Esta situación tendría graves efectos en la atención que la PDH presta a los habitantes del país, tanto en términos de cobertura como de calidad.
El dictamen de la iniciativa de Ley 5610 reduce la disponibilidad de recursos para atender los temas estructurales más urgentes del país (salud, alimentación, protección social, cultura, protección y defensa de los derechos humanos, entre otros). Pone en riesgo la estabilidad macroeconómica y continúa perpetuando las condiciones de exclusión y pobreza, contradiciendo el principio de progresividad en materia de derechos humanos.
Guatemala, 20 de noviembre de 2019
