Externa sus condolencias a su familia, amigos y pobladores del caserío Cuchilla Moxante, Purulhá, Baja Verapaz.
Informa que por medio del personal de la Auxiliatura Departamental de Baja Verapaz, verificaron las acciones del Ministerio Público y Policía Nacional Civil, quienes informaron que se está investigando el hecho para establecer las causas de muerte.
Este suceso evidencia nuevamente las actuales condiciones de desatención de la niñez en Guatemala, expuestos a las peores formas de trabajo, poniendo de manifiesto la debilidad institucional para garantizar el acceso a educación, salud y programas de desarrollo social, orientados a proveer de una vida digna.
El trabajo que la niñez y adolescencia se ven obligados a asumir es por la pobreza y extrema pobreza en las que viven ellos y sus familias, la falta de oportunidades de educación, salud, desigualdad e inequidad, percibiéndose erróneamente la idea de que el trabajo infantil puede ayudarles a mejorar sus condiciones de vida, lo que se debe desmitificar porque en realidad agudiza y prolonga estas condiciones.
El Comité de los Derechos del Niño, en la Observación General No. 16, señala: “La infancia es un período excepcional de desarrollo físico, psíquico, emocional y espiritual, y las violaciones de los derechos del niño, como la exposición a la violencia, al trabajo infantil o a productos peligrosos o riesgos medioambientales, pueden tener consecuencias permanentes, irreversibles e incluso transgeneracionales.”
La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2014 señaló que hay 790,249 niños ocupados, de los cuales 226,004 comprenden las edades de 7 a 13 años, que equivale al 8.4% de niñas, niños y adolescentes (NNA) en relación de trabajo.
Asimismo, recuerda que el Gobierno asumió el compromiso para implementar una Hoja de Ruta con el objeto de hacer de Guatemala un país libre de trabajo infantil y sus peores formas, programación 2016-2020.
Ante esta situación, el Procurador de los Derechos Humanos demanda a las autoridades gubernamentales la investigación oportuna respecto de este caso. Implementar políticas públicas de protección integral de la niñez y la adolescencia, que prioricen acciones coordinadas e interinstitucionales para garantizar la protección social, a efecto de eliminar los factores de desigualdad, pobreza y falta de acceso a la educación que dan origen al trabajo infantil.
Exige el cumplimiento de los “Principios Rectores sobre Empresas y los Derechos Humanos”, en el marco de las Naciones Unidas, los cuales señalan que las empresas deben cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos; además, que los Estados tienen la obligación de proteger contra las vulneraciones de los derechos fundamentales cometidas por terceros, incluidas las empresas.
Guatemala, 15 de noviembre de 2019