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115/19 Ante las condiciones en las que vive la población de la comunidad Laguna Larga, en San Andrés, Petén

El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade y el Bufete Jurídico de Derechos Humanos denuncian las condiciones inhumanas en las que están 111 familias que conforman la comunidad Laguna Larga, en San Andrés, Petén y solicitan el retorno provisional a las tierras que habitaban hasta junio de 2017. La comunidad estaba asentada en Laguna Larga, San Andrés, Petén, desde hace más de dos décadas. Sin embargo, el 2 de junio de 2017, fue desalojada forzosamente por solicitud del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap). Desde esa fecha, las familias están ubicadas en un campamento improvisado en la línea fronteriza entre Guatemala y México, enfrentando una crisis humanitaria. El lugar es inhóspito, sin acceso a agua potable, energía eléctrica y sin terrenos para cultivos. Esas condiciones han propiciado enfermedades como diarrea, infecciones estomacales y urinarias, fiebre, gripe, tos, reacciones cutáneas como granos y manchas en la piel, así como trastornos psicológicos, los cuales han afectado principalmente a niñas, niños y mujeres de la comunidad. La grave crisis provocó la muerte dos mujeres y una niña que no tuvieron acceso a atención médica oportuna, puesto que para llegar a un centro hospitalario deben recorrer más de 100 kilómetros a través de un camino lodoso. A esto se suman cinco abortos involuntarios relacionados con las condiciones insalubres de la comunidad y la falta de una alimentación adecuada. Actualmente la Corte de Constitucionalidad conoce una solicitud de apelación de amparo que podría contribuir con la solución de esa crisis humanitaria, ya que anteriormente otros órganos jurisdiccionales han negado las peticiones de la comunidad. En junio de 2018, la Procuradora Adjunta, Miriam Roquel Chávez, viajó a la comunidad Laguna Larga para verificar las condiciones de vulnerabilidad en las que está la población. En ese momento denunció el incumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para proteger la vida e integridad de las familias. Posteriormente, el Procurador de los Derechos Humanos, por medio de una resolución, declaró la violación de los derechos humanos a la vivienda adecuada, salud, alimentación, seguridad, educación, acceso al agua, ambiente sano y seguro de la cual son objeto las y los habitantes de la comunidad Laguna Larga, en San Andrés, Petén, por parte del Estado de Guatemala.  

Medidas sin cumplir

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) verificó estas condiciones y por ese motivo fueron otorgadas medidas cautelares a favor de la comunidad el 8 de septiembre de 2017; sin embargo, estas no han sido cumplidas y la situación se sigue agravando. El Gobierno de Guatemala no ha enviado alimentos desde abril de este año, incluso a la comunidad les fue prometida una nueva entrega en agosto, pero nunca llegó. Otra medida incumplida ha sido la asistencia médica, la última jornada médica que se realizó en el campamento fue en abril de 2019. Hasta el momento el Gobierno no ha creado ni propuesto un plan integral que solucione la crisis humanitaria y resuelva la problemática de fondo de alrededor de 450 guatemaltecas y guatemaltecos que conforman la comunidad Laguna Larga. La comunidad antes del desalojo era autosostenible. Su principal fuente de subsistencia era el comercio de pepitoria, maíz, frijol, chile y tomate. Incluso contaban con una escuela de párvulos y primaria. Por todas estas razones humanitarias, solicitamos de forma urgente al Estado de Guatemala, el retorno provisional al lugar que habitaba la comunidad antes de ser desplazada forzosamente, para evitar más pérdidas de vidas humanas en tanto el Estado busca una solución definitiva.

Guatemala, 6 de noviembre de 2019

 
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