Expresa:

Que, agregado a los graves impactos de la COVID-19, en los últimos días Guatemala ha sido afectada por eventos naturales como las tormentas Amanda y Cristóbal, los cuales han provocado daños directos a la población en condiciones de vulnerabilidad, y al medio ambiente. Hasta el 4 de junio, como resultado de 136 incidentes, se registraron 394,050 personas afectadas; 5,829 en riesgo; 902 damnificadas; 1,120 evacuadas y 496 albergadas. A esto se suman los incendios forestales ocurridos en los últimos meses, los cuales consumieron importantes recursos naturales en varios departamentos, como Sololá, Quiché, Zacapa y Petén.

Informa:

Que, luego de los incendios forestales, para garantizar el cuidado y protección del medio ambiente y los derechos de la población, la institución del PDH presentó una histórica acción constitucional de Amparo en contra del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), la Junta Directiva del Instituto Nacional de Bosques (INAB), el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), el Consejo Nacional para la Reducción de Desastres de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), los Concejos municipales de Santiago Atitlán, Sololá; San Juan Cotzal, Quiché; Usumatlán y Río Hondo, Zacapa; San José, La Libertad, San Andrés, Las Cruces, Poptún, Dolores, Flores y San Benito, Petén. Que, por otro lado, el personal de terreno de esta institución ha supervisado las acciones de la CONRED y de las coordinadoras para la reducción de desastres en departamentos, municipios y comunidades. Asimismo, han estado en constante comunicación con elementos de los cuerpos de socorro, alcaldes y gobernadores departamentales sobre la habilitación de albergues y la atención adecuada a las víctimas de estos eventos naturales, para que se garantice el respeto de sus derechos humanos.

Subraya:

La importancia de concientizar a la población sobre el cuidado, protección y conservación del ambiente que nos rodea, así como de implementar acciones que aseguren a las futuras generaciones gozar de su derecho humano a un ambiente sano y libre de contaminación. Los recientes incendios forestales sin precedentes ocurridos en Brasil, California y Australia, la invasión de langosta en Asia y África, y ahora la pandemia de COVID-19, son señales de alarma global sobre los riesgos crecientes que enfrentamos diversas formas de vida en el Planeta.

Recomienda:

Al Estado de Guatemala, especialmente al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Instituto Nacional de Bosques (INAB), el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), el Consejo Nacional para la Reducción de Desastres de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), − Cumplir con su mandato de velar por el cuidado, protección y conservación del medio ambiente, pues su indiferencia constituye una violación por omisión del derecho humano a un nivel de vida decente, un ambiente sano, alimentación y agua. − Diseñar e implementar políticas públicas tendientes a cumplir con la protección, conservación y mejoramiento del ambiente, en particular de la biodiversidad como elemento central para la búsqueda de conservación, rehabilitación, mejoramiento y protección de los recursos naturales y la diversidad biológica en el país. − Garantizar a la población el goce de su derecho humano a vivir en un ambiente sano y bajo criterios de sustentabilidad que permitan a las presentes y futuras generaciones vivir en un país con riqueza natural, biodiversidad, flora y fauna tan privilegiada como la que aún existe en el territorio. A los Concejos Municipales, Cumplir con lo establecido en el Código Municipal respecto de impulsar y propiciar la protección de los recursos renovables y no renovables por medio de las acciones que considere oportunas, y contribuir a garantizar los derechos a la vida, la salud, el agua, a un ambiente sano y alimentación adecuada a los habitantes. Al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Coordinar acciones para proteger, conservar y regular todo lo relacionado con la diversidad biológica, mediante la elaboración, aprobación y desarrollo de normas, políticas, programas y proyectos, considerando el principio precautorio, con el objeto de que se garantice a la población vivir y gozar de su derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Al Congreso de la República de Guatemala, Ratificar el Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales, a fin de se que incorpore en el ordenamiento jurídico guatemalteco, para darle sustentabilidad al crecimiento económico, los esfuerzos de erradicación de la pobreza y el hambre, y la protección del ambiente.

Insta:

A la población, Cuidar la naturaleza, adoptar hábitos y modelos agrícolas sostenibles, salvaguardar los espacios naturales, la flora y fauna. Asimismo, a seguir las recomendaciones de las autoridades y de los cuerpos de socorro ante los efectos sensibles derivados de los eventos naturales.

Guatemala, 5 de junio de 2020