La Constitución Política de Guatemala establece que el Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República para la defensa y promoción de los derechos de los habitantes de la Nación. Son facultades del Procurador promover el buen funcionamiento de las instituciones, investigar y denunciar comportamientos de funcionarios y autoridades lesivos a los intereses de la población, emitir censura pública por actos contrarios a los derechos constitucionales, así como promover acciones judiciales en los casos pertinentes.
A partir del día en que asumí el cargo, he centrado mis esfuerzos en cumplir fielmente el mandato Constitucional. El contexto político-jurídico de los últimos años ha estado definido por el trabajo sin precedentes de lucha contra la corrupción y la impunidad, liderada por el MP y la CICIG, y, por otro lado, la obstrucción abierta y encubierta contra ese empeño por parte de ciertas autoridades de los tres poderes del Estado, infieles a la Constitución y a la ética del servicio público.
Considerando que la corrupción es una de las principales causas de violaciones de los derechos constitucionales de los habitantes –falta de acceso a servicios dignos de salud y educación, bienestar de las poblaciones vulnerables, especialmente de la niñez que sufre desnutrición crónica, y la seguridad, entre otros–, es mi deber irrenunciable apoyar activamente la lucha contra la corrupción e impunidad, y denunciar los ataques en contra de fiscales, jueces y magistrados fieles al cumplimiento de la ley.
Llevar a cabo mi mandato sin ambages me ha convertido en blanco de ataques políticos de diputados que han visto amenazados sus intereses espurios y que son parte de las redes que capturan el Estado, impidiendo el cumplimiento del mandato básico de la Constitución: velar por la seguridad y el bienestar de los habitantes de la Nación.
Este bloqueo al cumplimiento de mis atribuciones mediante la asfixia financiera de la Institución, la amenazas y presiones sistemáticas, las reiteradas intenciones de remoción y las campañas de injurias y difamaciones, es ilegal y desleal.
Una vez más reitero mi compromiso firme e inquebrantable en la defensa y promoción de los derechos de la población, y volcar toda mi energía hasta contener la conspiración en marcha en contra de la independencia de poderes.
Guatemala, 26 de octubre de 2019