112/19 Un atentado contra la independencia de poderes del Estado y del mandato constitucional del Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas Andrade

La Constitución Política de Guatemala establece que el Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República para la defensa y promoción de los derechos de los habitantes de la Nación. Son facultades del Procurador promover el buen funcionamiento de las instituciones, investigar y denunciar comportamientos de funcionarios y autoridades lesivos a los intereses de la población, emitir censura pública por actos contrarios a los derechos constitucionales, así como promover acciones judiciales en los casos pertinentes. A partir del día en que asumí el cargo, he centrado mis esfuerzos en cumplir fielmente el mandato Constitucional. El contexto político-jurídico de los últimos años ha estado definido por el trabajo sin precedentes de lucha contra la corrupción y la impunidad, liderada por el MP y la CICIG, y, por otro lado, la obstrucción abierta y encubierta contra ese empeño por parte de ciertas autoridades de los tres poderes del Estado, infieles a la Constitución y a la ética del servicio público. Considerando que la corrupción es una de las principales causas de violaciones de los derechos constitucionales de los habitantes –falta de acceso a servicios dignos de salud y educación, bienestar de las poblaciones vulnerables, especialmente de la niñez que sufre desnutrición crónica, y la seguridad, entre otros–, es mi deber irrenunciable apoyar activamente la lucha contra la corrupción e impunidad, y denunciar los ataques en contra de fiscales, jueces y magistrados fieles al cumplimiento de la ley. Llevar a cabo mi mandato sin ambages me ha convertido en blanco de ataques políticos de diputados que han visto amenazados sus intereses espurios y que son parte de las redes que capturan el Estado, impidiendo el cumplimiento del mandato básico de la Constitución: velar por la seguridad y el bienestar de los habitantes de la Nación. Este bloqueo al cumplimiento de mis atribuciones mediante la asfixia financiera de la Institución, la amenazas y presiones sistemáticas, las reiteradas intenciones de remoción y las campañas de injurias y difamaciones, es ilegal y desleal. Una vez más reitero mi compromiso firme e inquebrantable en la defensa y promoción de los derechos de la población, y volcar toda mi energía hasta contener la conspiración en marcha en contra de la independencia de poderes.

Guatemala, 26 de octubre de 2019