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107/2019 Ante la decisión de prorrogar por 30 días el Estado de Sitio en 22 municipios de seis departamentos del nororiente del país, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade,

expresa:

Que es innecesaria la prórroga del Estado de Sitio, publicada hoy en el Diario de Centro América, por medio del Decreto Gubernativo Número 2-2019 y hace un llamado al Gobierno para que atienda las peticiones de la población afectada por esta medida. La territorialidad de implantación del Estado de Sitio (seis departamentos y 22 municipios) es desproporcional y afecta a muchas personas en sus actividades diarias y de carácter económico, limitando el acceso a servicios de educación, salud y justicia. La prórroga del Estado de Sitio por 30 días solo evidencia la debilidad del Gobierno en proporcionar soluciones contundentes a las demandas ciudadanas y da lugar a negocios opacos y compras dudosas. Esa acción, lejos de contribuir a la transparencia, únicamente fomenta la corrupción en el país. Decretar Estado de Sitio no debe ser práctica habitual; se deben buscar otros mecanismos que permitan solucionar los problemas estructurales que tanto daño hacen a la población, especialmente quienes viven en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema. Hace un llamado a las autoridades correspondientes para que realicen la investigación y persecución penal en contra de los responsables de casos perpetrados por el crimen organizado que opera no solo en esos departamentos sino en toda la República, en lugar de recurrir a estas medidas. Además, durante el Estado de Sitio, dos defensoras de derechos ambientales y de la tierra fueron asesinadas en Suchitepéquez y Baja Verapaz y, aunque el primer departamento no forme parte de los territorios declarados con Estado de Sitio, los trágicos hechos ponen en evidencia los riesgos y peligros que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos, así como la población en general al quedar expuestos a un régimen de excepción confuso. En concordancia con lo establecido en el mandato constitucional, el Procurador de los Derechos Humanos ha velado porque se garanticen los derechos fundamentales de los pobladores de Izabal, Alta y Baja Verapaz, Zacapa, El Progreso y Petén, acción que ha estado a cargo de sus delegados en las auxiliaturas departamentales, así como equipos multidisciplinarios conformados por personal de la sede central. El Procurador de los Derechos Humanos, con el objetivo de velar por el respeto de las garantías fundamentales de la población y supervisar la administración pública, ha llevado a cabo, entre otras acciones, las siguientes:
  • Observación de las condiciones de la población en general.
  • Supervisión a las instituciones públicas dentro del referido escenario social.
  • Recibir denuncias de posibles violaciones de derechos humanos durante la vigencia del Estado de Excepción.
  • Iniciar, de oficio, cualquier acción a efecto de defender los derechos humanos.
  • Realizar las investigaciones necesarias a fin de garantizar los derechos fundamentales no restringidos y la integridad de las personas.
  • Los delegados del Procurador de los Derechos Humanos, en el marco de la supervisión a la administración pública y la garantía del respeto de los derechos humanos de la población, se han presentado a centros educativos, asistenciales, de aplicación de justicia y han escuchado los planteamientos de la población respecto de la medida tomada por el Gobierno.
Entre los hallazgos se puede mencionar que en algunos municipios la población posee poca información respecto de las restricciones derivadas de la vigencia del Estado de Sitio y, además, los inmuebles donde se alojarían elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) no reúnen las condiciones mínimas para su utilización. Ante estas situaciones, los delegados del Procurador de los Derechos Humanos se han comunicado con representantes de la PNC, Ejército de Guatemala, Ministerio Público, entre otras entidades, para hacer recomendaciones y que se respeten los derechos fundamentales y garantías contenidas en la Constitución Política de la República de Guatemala. De igual forma, pedirán informe circunstanciado al Ministerio de Gobernación para que explique los mecanismos que implementarán para dotar de las condiciones mínimas en materia de alimentación y albergue a los agentes de la Policía Nacional Civil que han sido movilizados a los seis departamentos.  

Guatemala, 2 de octubre de 2019

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