Hoy hace 35 años fue promulgada la Constitución Política de la República, que cerró lentamente el triste capítulo de tres décadas de gobiernos autoritarios que desataron una persecución sistemática y atroz en contra del ejercicio de las libertades civiles y políticas, y que fueron responsables de gravísimas violaciones de los derechos humanos de millones de conciudadanos, cuyas secuelas el Estado democrático no ha sabido reparar.   La Constitución abrió el más extenso periodo democrático en los dos siglos de vida republicana de Guatemala. El 72% de la población actual nació después de que la Asamblea Nacional Constituyente cristalizó este Pacto Social. Esa población no conoció cara a cara la tiranía, pero ha sufrido otras secuelas de un Estado capturado: servicios públicos de salud y educación deficientes o nulos, bajas oportunidades de empleo digno y acceso discriminatorio a la justicia, entre otros derechos negados.   La Constitución consagra como valor supremo la dignidad de la persona humana y la realización del bien común. Por eso se estableció como razón de Estado garantizar la vida, la libertad, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de los habitantes de la República. Nuestra Carta Magna es en sí misma un proyecto positivo de Nación para edificar un Estado capaz de cohesionar una sociedad profundamente fragmentada y desigual.   Después de 35 años las elites políticas, económicas y sociales no han alcanzado ese propósito plasmado en la Constitución; se han distraído en sus intereses particulares, sacrificando el bien común. Es más, han adulterado, mediante financiamiento ilícito, los procedimientos de la elección democrática con el propósito de capturar el Estado. A pesar de los esfuerzos inéditos de los últimos diez años de lucha contra la corrupción y la impunidad, encabezados por MP/CICIG -que aglutinó a gran parte de la sociedad y a varias instituciones estatales- las estructuras criminales se creen ahora triunfantes e intocables.   Tras subestimar, sin consecuencias inmediatas, la razón de ser del Pacto Social –el respeto de la dignidad humana en su integralidad- las elites del poder dominante pudieron seguir sin mayores complicaciones un itinerario de sabotaje de la Constitución. Así, vaciaron de su contenido la democracia, y particularmente en los últimos cuatro años han transgredido abiertamente, y, otra vez, sin consecuencias, el orden republicano, incluyendo, gravemente, la desobediencia de las sentencias de la Corte de Constitucionalidad.   La seria crisis constitucional y del orden republicano que padecemos ahora no se resuelve solo con decretar una reforma (sea del sistema político y de justicia, de la economía, la salud, la educación y de otras políticas públicas torales), si los sujetos de las reformas no las promueven activamente ejerciendo sus derechos de organización, libre expresión y movilización. La Constitución atesora principios que viven y evolucionan en tanto que la sociedad los hace vibrar. Si la sociedad permite que se conviertan en letra muerta, acabaremos de abrir de par en par las puertas a la tiranía.   Celebramos la vida de la Constitución, la defendemos en sus más preclaros principios y alentamos a todas las fuerzas vivas de la Nación a rescatar su esencia, que es la procura del bien común. Las exhortamos a fortalecer a la guardiana de nuestra Carta Magna, la Corte de Constitucionalidad, pues violar sus sentencias equivale a abrir la tumba de la República.   Atravesamos una crisis global inédita, a causa de la pandemia, que nos causa inmenso dolor y pérdidas, pero a la vez tenemos la oportunidad para reflexionar sobre el camino que hemos recorrido durante estos 35 años, revalorar los principios de la vida y la importancia esencial de protegernos mutuamente. El virus nos desafía a una prueba de unidad y solidaridad, una vieja fórmula de la Humanidad para domesticar enfermedades.   Jordán Rodas Andrade Procurador de los Derechos Humanos   Guatemala, 31 de mayo de 2020