Expresa Que uno de los mayores problemas en el manejo de la pandemia de COVID-19 en Guatemala radica en la falta de datos, lo que ha generado desinformación, falta de claridad y transparencia en la información que presenta el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), negando a los guatemaltecos su derecho a conocer la realidad que atraviesa el país con respecto de la crisis sanitaria.   La Procuraduría de los Derechos Humanos enfrentó una situación similar en el anterior gobierno con respecto de las donaciones de medicamentos a la red hospitalaria que en supervisiones se logró identificar que los mismos estaban vencidos, aunque las autoridades de turno lo negaron en un principio.   A la fecha se desconoce cuál es el mecanismo o logística para la recolección de datos por parte del MSPAS y como los registra, por lo que es importante aclarar que los reportes que presentó la Procuraduría de los Derechos Humanos –28 de mayo– respecto del colapso de los servicios de la morgue del Hospital Roosevelt está sustentado en los registros oficiales que se tuvieron a la vista y en el método de observancia. Parte del protocolo para recibir cadáveres se basa en el resultado del hisopado que debe acompañar al cuerpo al momento de su entrega a la morgue y que los 38 fallecidos que se reportaron en las fechas a las que hace referencia el informe de la verificación realizada por la Defensoría de la Salud todos contaban con hisopado positivo a COVID-19.   Se ha documentado, además, sobre el colapso inminente de la red hospitalaria, situación que también ha querido ser desmentida por el Ministro de Salud, incluyendo los dos hospitales más grandes del país: el Roosevelt y General San Juan de Dios. Ante esta realidad es inminente que van a aumentar las cifras de personas fallecidas por COVID-19, toda vez que el Ministerio de Salud continúa inerte, sin tomar las acciones necesarias y urgentes para resguardar la vida de los guatemaltecos.   Amparado bajo el mandato constitucional de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos, para realizar las investigaciones que en materia de su conocimiento estime pertinente, se continuará con las acciones de monitoreo y supervisión a la administración pública, así como la verificación de denuncias, informando a la población en relación con sus hallazgos y realizando recomendaciones a las autoridades pertinentes.   Guatemala, 29 de mayo de 2020