Constata: Que las familias en condición de pobreza y extrema pobreza se encuentran en alto riesgo de inseguridad alimentaria y su desatención acelera inimaginables condiciones de hambruna. Sus pequeñas reservas ingresos y alimentos básicos tienden a agotarse, mientras que las fuentes de empleo se están esfumando, y las restricciones de movilización dificultan, aún más, la búsqueda de oportunidades. En regiones de San Marcos, Huehuetenango, las Verapaces y el Suroriente, la hambruna está tocando el umbral de las familias vulnerables. Que los programas gubernamentales no han llegado a sus destinatarios, y en los pocos casos en que ha ocurrido son insuficientes –por ejemplo, los alimentos- y se ha privilegiado los lugares tradicionalmente atendidos por fácil acceso geográfico. Los procesos están exageradamente burocratizados y de todos modos están carcomidos por prácticas discrecionales y opacas. La crisis ha venido siendo mitigada por redes comunitarias de autoayuda y con el importante aporte de las comunidades migrantes, que han colaborado ágilmente con aportes alimentarios. Que, en las zonas de producción de alimentos agropecuarios esenciales, no está prevista la asistencia técnica ni financiera del Estado, lo cual, si se sigue retrasando o improvisando, prolongará dolorosamente las condiciones de supervivencia de la población, amplificando la crisis humanitaria y debilitando las cadenas de abastecimiento de consumo en los centros urbanos. Recomienda: Al Congreso de la República de Guatemala, con el respaldo del Gobierno central y los gobiernos municipales, Declarar como emergencia nacional la atención alimentaria de la población, dándole carácter de amenaza a la seguridad nacional, a fin de abatir inmediatamente las barreras burocráticas y de discrecionalidad opaca en el manejo de los programas, y para ejercer un control más estricto, fiscalización y auditoría social, sobre el proceder de los servidores públicos en cada jerarquía.   Guatemala, 28 de mayo de 2020