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124/19 El Procurador de los Derechos Humanos, ante el recorte presupuestario a seguridad alimentaria manifiesta que Inexcusable es la indiferencia de las autoridades ante el flagelo de la desnutrición crónica

24 noviembre, 2019

  1. La desnutrición crónica de la niñez es uno de los problemas más apremiantes y que mayores consecuencias negativas de índole social y económica acarrea a corto, mediano y largo plazo, tanto a la población directamente afectada por este flagelo como a la sociedad en general. Además, enfrentarlo de manera decidida es un imperativo ético y moral, y, por tanto, debe otorgársele altísima prioridad en la agenda del Estado. No obstante, los resultados de los programas oficiales son más que desalentadores; mientras, el reciente dictamen de la Comisión de Finanzas del Congreso, de manera insensata, reduce las asignaciones correspondientes a 2020.
  2. Para tener efecto en la reducción de la desnutrición crónica de manera sostenible, las políticas públicas deben asegurar que las instituciones del Estado, del sector privado y otros organismos no gubernamentales desarrollen intervenciones simultáneas y sinérgicas en estos cuatro ámbitos de la seguridad alimentaria y nutricional: acceso, disponibilidad, consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos. Solo así se dará sostenibilidad a los esfuerzos que pueda hacer el sistema público de salud con la promoción, prevención e intervención temprana en niñas y niños con desnutrición crónica.
  3. Por tanto, exhorta, de manera vehemente, al Pleno del Congreso de la República que rechace el dictamen de la Iniciativa de Ley 5610, y a la vez el Procurador de los Derechos Humanos, hace un llamado público a las autoridades electas del gobierno central, instándolas a que otorguen la mayor de las prioridades a este problema, fortaleciendo la institucionalidad responsable y la ejecución eficiente de los programas.
  4. En tal sentido, subraya que la Ley Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional promovió la integración del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASAN), en la que convergen todas las entidades corresponsables de tratar el problema. El SINASAN demanda liderazgo y soporte del más alto nivel en todos los organismos del Estado, principalmente en el Organismo Ejecutivo.
  5. La visión de seguridad alimentaria y nutricional para abordar la reducción y prevención sostenible de la desnutrición crónica de la niñez y de otros grupos vulnerables demanda ampliar el alcance de las intervenciones convencionales. Requiere la decisión de coordinar políticas económicas y agropecuarias que garanticen el acceso y disponibilidad de los alimentos, que deben complementarse con políticas de salud, educación, protección social y ambientales. Es vital garantizar la sostenibilidad y calidad de los suelos para la producción de alimentos, de los bosques y el agua, e impulsar políticas sanitarias y de acceso a agua potable para crear entornos más higiénicos.
  6. En concordancia con el principio de progresividad, consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), adoptar medidas económicas y técnicas para lograr garantizar el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, para sí y su familia, incluida la alimentación, vestido y vivienda adecuadas.

 

Guatemala, 24 de noviembre de 2019.